- El Tribunal de Cuentas ha detectado múltiples deficiencias e incumplimientos en los contratos de seguridad privada realizados por más de media docena de ministerios del Gobierno español, así como sus organismos dependientes, durante los ejercicios de 2016 a 2019. Ello abarca desde el último mandato de Mariano Rajoy hasta el primero de Pedro Sánchez, toda vez que la moción de censura que desalojó al primero de Moncloa se produjo entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 2018. Así aparece reflejado en un informe que analiza los procedimientos de contratación de los ministerios de Hacienda, Asuntos Económicos, Transportes, Industria, Agricultura, Transición Ecológica y Trabajo.

Este Tribunal, que ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas por la multa impuesta a dirigentes soberanistas catalanes por la acción exterior realizada en favor del procés, señala que en un 29% de los expedientes fiscalizados se han advertido distintos tipos de incidencias en la fase de valoración y adjudicación de los procedimientos abiertos. Las mismas “pudieron afectar a los principios de objetividad, transparencia e igualdad de los licitadores”.

Asimismo, en la mitad de los contratos adjudicados mediante procedimiento negociado (2 de 4) no se determinaron los aspectos económicos y técnicos que hubieran de ser objeto de negociación o no se abordaron las condiciones del contrato con las empresas invitadas a presentar ofertas, en contra de lo que establece la ley.

El informe concluye que hubo seis casos de contratos en los que el departamento correspondiente no cumplió con la obligación de informar de oficio al tribunal remitiéndole los extractos de los expedientes, como establece la normativa y las instrucciones generales del propio fiscalizador.

A esto se une que, en un 38% de los contratos fiscalizados, se omitió o se hizo en términos genéricos la motivación de la necesidad de contratar que fija la ley. Asimismo, en un 41% no se dejó constancia de la insuficiencia de medios o se hizo solo de forma genérica y, salvo en un caso, no se hizo mención alguna a que en el momento de llevarse a cabo la contratación la vigilancia no estaba asignada a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El fiscalizador también ha descubierto que en un 68% de los casos, los criterios de adjudicación no se justificaron en función de las características del contrato, o se recurrió a justificaciones excesivamente genéricas, lo que, de nuevo, no sería conforme con lo establecido en la legislación vigente.

En los pliegos de cláusulas de un 56% de los expedientes no se incluyeron, dentro de los criterios de adjudicación, medidas para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres de entre las previstas en la Ley de Igualdad. Solo en dos expedientes se recogió alguna condición relacionada con la igualdad de género. Los órganos de contratación tampoco cumplieron en todos los casos con la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.