- La ministra de Justicia, Pilar Llop, reclamó ayer al PP que sea “leal con la Constitución” y deje de “bloquear” la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está pendiente desde hace más de dos años y medio. Cree que una vez acometida la reforma del órgano se podrá estudiar un nuevo modelo de elección de los magistrados que lo componen.
Así lo explicó Llop a los medios tras inaugurar el curso de verano de la Universidad Complutense sobre Poder Judicial y Estado de Derecho. “Tenemos un sistema que está ahora vigente y una ley orgánica y una Constitución que hay que cumplir y lo que el Gobierno pide es que el PP sea leal a la Constitución y se proceda a la inmediata renovación del órgano de Gobierno de jueces y juezas”, manifestó la titular de Justicia.
En esa línea, Pilar Llop considera que una vez renovado el CGPJ se pueden analizar diferentes modelos de elección de sus integrantes “para elegir el mejor que pueda acoplarse a nuestro sistema constitucional”.
“Pero el modelo que tenemos hoy por hoy es el modelo constitucional, perfectamente válido, el que prevé la ley orgánica que regula el poder judicial y lo que pide el Gobierno es que se proceda ya a la renovación”, insistió.
En su conferencia inaugural del curso defendió por tanto el modelo actual de elección de los integrantes del CGPJ por las Cortes, ya que a su juicio un poder del Estado como el judicial debe tener su origen en los ciudadanos, que eligen a sus representantes, al igual que ocurre con los poderes ejecutivo y legislativo, sin perjuicio de la independencia de los jueces.
En todo caso, aclaró que no es el Gobierno español el que tiene que proceder a la renovación del CGPJ sino el poder legislativo: “Son los grupos parlamentarios, los representantes de la ciudadanía que están en las Cortes Generales, quienes tienen que hacer ese proceso”.
La ministra recordó asimismo que “el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea apela a España a que proceda inmediatamente a la renovación del órgano de gobierno de los jueces y juezas, el CGPJ”, que está en funciones y lleva prorrogado más de dos años y medio (en diciembre hará tres años).
“Pero el informe europeo también apela a la renovación del resto de órganos constitucionales que están pendientes, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo”, añadió Llop.
Por otra parte, explicó que su departamento está centrado “en los grandes proyectos que van a empezar a desarrollarse y a implantarse ya muy pronto, después del verano, relativos a Justicia 2030”.
Explicó que se trata de “un proyecto de país, que afecta a la cohesión social y al sistema de justicia, en cogobernanza con todas las comunidades autónomas y en diálogo con el resto de instituciones como el CGPJ, y con las asociaciones de profesionales” del mundo de la justicia.
“Todo ello con miras a que los ciudadanos encuentren una justicia de calidad, moderna, transformadora y que los tribunales sean vistos como motores de desarrollo social y no como obstáculos”, concluyó.
Más allá de los temas estratégicos de su Ministerio, Pilar Llop abordó la temática de las cantidades millonarias solicitadas a los ex altos cargos de la Generalitat y defendió que la Abogacía del Estado elaborará “cuanto antes” el informe que le ha solicitado el Tribunal de Cuentas para determinar si el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) puede avalar las fianzas exigidas.
Preguntada sobre la opinión del Ejecutivo acerca de la legalidad de los avales presentados por el ICF, Llop señaló que, dado que se trata de un asunto en trámite, “el Gobierno no puede interferir de ninguna manera”.
“Lo que sí puedo decir es que se ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado del Tribunal de Cuentas y que se elaborará cuanto antes, se está estudiando por los servicios jurídicos” del Estado, indicó la nueva ministra de Justicia.
Ante las dudas “sobre suficiencia y legalidad” que la instructora Esperanza García ve en los avales presentados por el ICF, fuentes del órgano contable informaron el martes de que se ha solicitado a la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas.