icenICEN que la justicia es ciega, y esta misma característica exhibió ayer Vox a la hora de anunciar que recurrirá “sin verla” la Ley de Memoria Democrática que prevé aprobar hoy el Consejo de Ministros. Ello dará pie a una nueva batalla en la que los límites entre lo político y lo judicial aparecerán una vez más difuminados. Pero se trata tan solo de un ejemplo en un campo minado con numerosos recursos ante los tribunales de justicia que persiguen, en gran medida, obstaculizar la labor del Gobierno español.

La contundente sentencia del Tribunal Constitucional que, a instancias de Vox, ha declarado contrario a la Carta Magna el primer estado de alarma para combatir la pandemia, ha supuesto el mayor hito en esta contienda política que se libra en el terreno judicial. El fallo que se conoció la semana pasada ha concedido, por tanto, munición a los partidos de la oposición para cargar contra el Ejecutivo de Sánchez durante lo que resta de legislatura, pero hay más frentes abiertos pendientes de resolución. El propio Constitucional tiene aún sobre la mesa sendos recursos de Vox sobre la gestión de la pandemia por parte del Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos.

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, dijo ayer confiar en que el alto Tribunal vuelva a dar la razón a su partido y determine que Moncloa también vulneró la Carta Magna al decretar el segundo estado de alarma el pasado 25 de octubre. Añadió que el periodo de seis meses por el que el “rodillo mayoritario” del Congreso lo prorrogó en una única votación fue “desproporcionado”.

El TC también analizará la constitucionalidad o no de la paralización que sufrió la actividad del Congreso de los Diputados al inicio de la crisis sanitaria, tras haber admitido a trámite en junio de 2020 el recurso de amparo presentado por la formación de ultraderecha. En realidad, solo se pararon plazos de preguntas y proposiciones no de Ley entre el 19 de marzo y el 13 de abril, y en ese periodo se centrará la deliberación en el órgano de garantías.

Vox superó en las últimas elecciones generales el límite de 50 diputados que exige la ley para la presentación de recursos de inconstitucionalidad, lo que ha dado pie a una febril actividad del partido que preside Santiago Abascal en este ámbito. Buxadé denunció ayer el “régimen de terror de las libertades que pretende imponer el presidente del Gobierno”, y volvió a retar al líder del PP, Pablo Casado, a presentar una moción de censura contra Sánchez, en lugar de reclamar un debate del estado de la nación.

Cuando la moción de censura fue propuesta por la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el PP ya lo rechazó alegando que “no sumaban” para llevar esta iniciativa a buen puerto. En la misma línea, la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, descartó ayer la propuesta de Vox, ya que “sería una pérdida de tiempo” porque no tienen los escaños suficientes para que salga adelante, y solo serviría para “reforzar” al Gobierno. “La solución no pasa por una moción de censura”, zanjó.

Pese a ello, los populares también se subieron a esta ola y Gamarra consideró “fundamental” que el presidente español y su ministro de Presidencia, Félix Bolaños, rindan cuentas en el Congreso por las consecuencias derivadas de la sentencia del TC sobre la alarma. De forma paralela, Gamarra anunció la intención de recurrir el decreto ley conocido como ley rider, que reconoce a los repartidores de plataformas digitales como asalariados, porque “no había urgente necesidad, sino una necesidad urgente de saltarse nuevamente al Congreso”.

Aparte de sus hojas de ruta individuales y de sus diferencias respecto a iniciativas como la moción de censura, PP y Vox coinciden en otras como los recursos que interpusieron en julio de 2020 contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, al dudar de su idoneidad e imparcialidad para dirigir el Ministerio Público.

Ayer se anunció que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado el próximo 19 de octubre para la votación y fallo de dichos recursos. En los mismos, PP y Vox alegan que Delgado no cumple con los criterios de idoneidad e imparcialidad exigibles debido a que en la anterior legislatura fue ministra de Justicia.

Mientras, la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbaba parcialmente el primer estado de alarma siguió provocando reacciones, y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, afirmó que si los magistrados “hubieran hecho el esfuerzo de poner sus mentes en la situación concreta” de la semana del 9 al 15 de marzo de 2020, “quizá hubieran interpretado el derecho de otra forma”. “Creo que el Gobierno actuó con prudencia, con proporcionalidad y de forma garantista”, añadió. Por otro lado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, negó que la exvicepresidenta Carmen Calvo presionara a miembros del alto Tribunal como la magistrada Encarnación Roca, para que no resolvieran a favor del recurso de Vox.

La justicia debe pronunciarse sobre los recursos contra el segundo estado de alarma, la ‘ley rider’ y el nombramiento de la fiscal general del Estado