Moncloa carga contra el CGPJ por avalar la apología del franquismo

- El Gobierno español sigue firme en su propósito de sacar adelante la Ley de Memoria Democrática, y para ello no dudará en pasar por encima del informe que emitió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se mostraba muy crítico con la norma que sustituirá a la Ley de Memoria Histórica de 2007. Uno de los puntos más polémicos de dicho escrito es la afirmación de que la apología del franquismo está amparada por la libertad de expresión siempre que no se humille a las víctimas. La vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, calificó dicho “enaltecimiento del totalitarismo” como “el vilipendio absoluto de todas las víctimas que nos quedan por reparar”.

Calvo es la principal impulsora de la Ley de Memoria Democrática, y ayer dejó claro, en referencia al informe del CGPJ, que “hay algunas cuestiones que el Gobierno no comparte y que no va a compartir”. Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, y en respuesta a una pregunta de EH Bildu, dijo que aunque “es un informe en el fondo y en muchas cuestiones bastante razonable”, el gabinete de Pedro Sánchez no está de acuerdo con que se diga que “el enaltecimiento del fascismo de la dictadura de Franco forma parte de la libertad de expresión”. “Este proyecto de ley tiene un compromiso estricto con el derecho humanitario”, explicó Calvo, y señaló que el objetivo de la nueva ley es restituir la dignidad.

Añadió que el Ejecutivo no va a esperar a la aprobación de la ley porque lleva ya más de un año trabajando con asociaciones, ayuntamientos y comunidades autónomas con la identificación y exhumación de cadáveres víctimas del franquismo. En cualquier caso, adelantó que “el proyecto del Gobierno estará muy pronto en esta Cámara para abrir el debate parlamentario”, lo que puede producirse “en semanas”. “Las leyes las elaboran las Cortes Generales y somos los legisladores los que tenemos la primera y la última palabra”, zanjó, como una advertencia velada al CGPJ.

El pronunciamiento del Poder Judicial es preceptivo pero no vinculante, y su propia redacción resultó tumultuosa. El dictamen solo fue posible tras sustituir a los dos ponentes elegidos en un primer momento, ya que sus diferencias llevaron los trabajos a un punto muerto. Con el informe ya sobre la mesa y a la hora de someterlo a votación, salieron a la luz las diferencias en el seno del órgano de gobierno de los jueces: 15 vocales votaron a favor y 6 en contra. Enseguida trascendieron votos particulares como el de Concepción Sáez Rodríguez, que aseguró que la nueva ley supone “un avance notable en el reconocimiento de los derechos” de las víctimas y denunció el “estatuto jurídico singular y privilegiado” del que disfrutan entidades como la Fundación Franco. Anteriormente, el Consejo Fiscal se pronunció a favor del anteproyecto de ley por la mínima, con seis votos a favor y cinco en contra.

La diputada de EH Bildu Isabel Pozueta, que preguntó a Calvo si iba a seguir el dictamen del CGPJ, dijo que el mismo “es pura apología del franquismo y cuesta creer que el máximo poder de los jueces haga una defensa de una dictadura y sus crímenes”. Confió además en que la ley que salga de las Cortes sea muy ambiciosa y “acabe con la impunidad dando paso a la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas”.