Tras varias semanas con mensajes contradictorios, el Gobierno español ha levantado el telón para mostrar a las comunidades autónomas qué restricciones podrán poner en marcha sin el estado de alarma, pero sobre el escenario que ha descubierto La Moncloa hay pocos elementos y no aparece ninguna de las medidas estrella que pedían las comunidades: en esencia, las invita a limitar los aforos en los bares, los espectáculos y los parques; y ampliar las frecuencias del transporte público para que vaya más vacío y desahogado. No soluciona el problema del ocio nocturno, la opción de que haya botellones y reuniones en las casas, y las reuniones de no convivientes. Varias comunidades habían puesto sobre la mesa la necesidad de mantener el toque de queda nocturno (entre ellas, la vasca; mientras Catalunya ya prepara un decreto a ese respecto a la espera de que se lo ratifique un juez, y Baleares también pide una percha). Otra medida reclamada para contener el coronavirus es la limitación del número de personas en las reuniones. Pedro Sánchez mantiene su intención de no alargar la alarma más allá del 9 de mayo ni activar una reforma legal, lo que implica que, si no cambia de opinión tras las elecciones en la Comunidad de Madrid, caerán el toque de queda, las limitaciones de las reuniones, y los cierres perimetrales.
La revelación la hizo ayer por la tarde el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, tras una pregunta del PP en el Senado. Aseguró que, para ir más allá de los aforos, las comunidades deberán someterse al control judicial, porque las libertades no pueden someterse “al criterio arbitrario de uno u otro gobierno”. No mencionó la opción de limitar los horarios comerciales y de los bares, aunque es otro argumento al que se aferra el Gobierno español y que tampoco es un sustituto contundente del toque de queda porque no impide continuar la fiesta después del cierre de los establecimientos. La ministra Darias pidió centrarse en la actividad no esencial en una reciente respuesta al PNV, y ámbitos socialistas tanteados por este periódico apuntan en esa dirección.
El problema para comunidades autónomas como la vasca, que ha pedido mantener el estado de alarma, es doble. Sin toque de queda nocturno, se pueden cerrar pronto los bares y los centros comerciales, pero no se evita que grupos de amigos y familiares continúen sus reuniones en la calle o en sus viviendas, ni tampoco se evitan los botellones. Para ejercer un mayor control sobre esas actitudes, se necesita el toque de queda nocturno y la limitación del número de personas en las reuniones. Ninguna de esas dos medidas se puede aplicar sin estado de alarma y, en el caso vasco, el Tribunal Superior de Justicia ya vetó de manera expresa la limitación de reuniones a seis personas y abocó al lehendakari a solicitar la alarma en octubre.
Pero, además, la baza del horario de los bares no es un chicle que se pueda estirar de manera indefinida: el mismo tribunal impidió cerrar los bares en zona roja, y también tiene sobre la mesa un recurso de hosteleros de los tres territorios contra la limitación horaria para atender en el interior de los establecimientos. La Ley Antipandemia vasca, que reforzará la seguridad jurídica, no será aprobada hasta finales de junio.
Por otro lado, para cerrar el perímetro de una comunidad, el Gobierno español ha sugerido que bastaría con pedírselo al Consejo Interterritorial que reúne al Ejecutivo estatal con las autonomías, pero no está claro qué validez tendría. Incluso la Comunidad de Madrid, que no es una entusiasta de los controles, admite que, sin alarma, solo le queda margen para limitar ciertos aforos y los horarios.
En respuesta a la popular Salomé Pradas, Iceta aseguró que las comunidades tienen medidas a su alcance, y citó el cierre del interior de bares y restaurantes, la reducción de aforos y el número de personas en las mesas; lo extendió a los hoteles, cines, espectáculos culturales, locales comerciales, parques al aire libre, el interior de centros deportivos, y salas de apuestas, entre otros. También mencionó que se pueden aumentar las frecuencias del transporte público. Recalcó que la intención es “dejar que acabe la alarma sin prórroga”, como ya había hecho la portavoz María Jesús Montero a la mañana tras el Consejo de Ministros, donde también rechazó una reforma que implique incorporar las medidas del estado de alarma a la legislación ordinaria, porque no se puede convertir en “rutina” lo que es excepcional. Montero dejó caer que las comunidades pueden actuar a nivel territorial y local. No añadió más.
Por otro lado, nadie en el Gobierno español llega a confirmar nada, no hay certeza sobre los planteamientos del presidente y se sigue insistiendo en que no prorrogar la alarma es solo una intención que dependerá de los datos. Todo parece en mantillas a la espera de que se celebren el martes las elecciones en la Comunidad de Madrid. Nadie en el Gobierno español está dando señales de preparar un colchón jurídico alternativo por si cayera la alarma. Sí se está haciendo para garantizar que se mantengan medidas sociales y económicas como la moratoria de alquileres o desahucios de personas vulnerables.
Ayer mismo se vio cómo las comunidades comienzan a trabajar en los distintos escenarios y redoblan la presión a Sánchez. El lehendakari Urkullu ha solicitado por carta a Sánchez que prorrogue la alarma, y el vicelehendakari Erkoreka ya avisó en una entrevista en este periódico de que limitar la movilidad nocturna es vital. En Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page ha adelantado que va a aligerar restricciones por la caída de la alarma.
La ministra Montero, por su parte, cuando se le preguntó por la preocupación que genera un escenario sin toque de queda, zanjó: “No hay ninguna novedad. El Gobierno considera que no es necesaria la prórroga. Siempre tenemos la prudencia de decir que todo se marca por los indicadores epidemiológicos”. Descartó cambios legales. Sánchez priva de antemano a las comunidades de la percha de la alarma, en la confianza de que la vacunación va a acelerarse, y sin tener en cuenta riesgos como la variante de India. Ha lanzado mensajes en dirección contraria a la contención: la ministra Reyes Maroto ha animado a planificar los viajes de verano, y ha habido polémica con la opción de que haya público en los últimos partidos de la Liga de Fútbol.
La portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, anunció ayer que estudia una reforma para mantener el toque de queda sin el estado de alarma. Admitió que, sin esa percha, las decisiones tendrán que ser autorizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que tendrá tres días para resolver, lo que “ralentizará” las decisiones. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, del PSOE, ha pedido al Estado controles obligatorios en puertos y aeropuertos, limitar la reunión de grupos en público y en privado, y tener una PCR o test de antígenos negativo para viajar entre las islas. Desde Compromís, Joan Baldoví quiere una Conferencia de Presidentes para activar un paraguas jurídico, y que se analice que cada comunidad pueda solicitar la alarma en su territorio si fuera necesario, un estado de alarma parcial que Urkullu no contempla. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, defiende la modificación legal del PP, y puso en evidencia que, sin una percha, la comunidad solo puede limitar aforos y horarios. Desde EH Bildu, Mertxe Aizpurua dijo en Euskadi Irratia que “no entra en la cabeza” de nadie que caiga la alarma sin alternativa, y confió en que se adoptarán medidas.
