- En este clima electoral en puertas de los comicios de la Comunidad de Madrid, el presidente español quiere ser portador de buenas noticias con la vacunación y los fondos europeos. Aunque el coronavirus siga golpeando con fuerza y las comunidades autónomas necesiten un paraguas jurídico para mantener las restricciones de movilidad, Pedro Sánchez insiste en que no contempla prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo. Desoyó las voces que alertan de que caerán medidas como el toque de queda nocturno, y quedan varios meses hasta que la vacunación sea masiva a finales de agosto. Ayer también vio innecesario articular un plan alternativo, a pesar de que se lo habían sugerido el PNV; también EH Bildu, PDeCAT, C's o BNG, y aunque sea una posición que incluso el PP lleva meses defendiendo. Esta negativa dejaría a los gobiernos autonómicos una capacidad de actuación muy limitada que quedaría en manos del control previo de los tribunales. En el caso vasco ya tumbaron medidas como la restricción de seis personas en las reuniones, obligaron al lehendakari a pedir el estado de alarma, y frustraron el cierre de bares en zona roja con el polémico auto de Garrido.

En el Congreso de los Diputados, Sánchez esquivó el clamor casi unánime. Dijo que el contexto es diferente, que todo puede mejorar por las vacunas, y la incidencia acumulada está en unos 200 casos frente a los 500 de octubre. Opinó que las comunidades contarían con garantías suficientes, y deberán acudir a los jueces. Su gobierno "no puede poner en manos de las comunidades las restricciones sin control judicial, porque puede suponer un retroceso en la calidad democrática". Quedan más de tres semanas para el 9 de mayo. De ahí que los grupos confíen en que Sánchez recapacite si ve que los datos del virus siguen siendo negativos, y que lo haga pasadas las elecciones madrileñas del 4 de mayo, con un clima político más sereno en el Congreso.

Confían en que no sea su última palabra. Él mismo dijo ayer que su gobierno "escucha". Además, el Gobierno español se está quedando solo. Los grupos pidieron una solución, salvo la ultraderecha de Vox, y partidos como la CUP, que centraron sus discursos en otros asuntos. En algunos ámbitos opinan que es preferible que tome las riendas ante los movimientos desde otros grupos. El Consejo de Estado plantea la reforma de la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública 3/1986, una ley que puso ayer sobre la mesa el PNV, su socio preferente. Desde el PP, Pablo Casado anunció que volverá a registrar su petición de reforma de esa norma. No significa que ambos vayan a aliarse, pero en los mensajes de casi todos los grupos empiezan a surgir ideas compatibles. Otra opción podría ser que Sánchez espere a que las comunidades del PP pidan la alarma.

Sánchez compareció ante el Congreso para explicar su plan de recuperación y sus intenciones para los próximos meses, donde el PNV le pide que prorrogue el estado de alarma o que active una legislación puente hasta que la vacunación sea masiva a finales de agosto. Sánchez lo fió todo a que la vacunación adquiera velocidad de crucero: "La alternativa al estado de alarma es el plan de vacunación".

Añadió que, sin estado de alarma, la clave es mantener también la cogobernanza, que las reuniones con las comunidades en el Consejo Interterritorial habrían demostrado que tienen competencias para regular la actividad económica, y que necesitan en todo caso un refrendo de los tribunales porque este es "un Estado de Derecho". "Y hay garantías jurídicas. El Tribunal Supremo dice que las medidas del Consejo son de obligatorio cumplimiento", aseguró, recurriendo otra vez a un argumento que para el resto de partidos es una verdad a medias. "El Gobierno trabaja con la intención de no prorrogar el estado de alarma", dijo, para añadir después que también trabaja "con los técnicos" y se guiará por su criterio. La socialista Adriana Lastra rechazó el plan del PP, una "ingeniería imposible e innecesaria".

Si Sánchez levantara el estado de alarma sin una alternativa, dejarían de aplicarse el toque de queda nocturno, los límites de personas en las reuniones sociales, y el cierre perimetral en las comunidades. Además, la gestión del coronavirus quedaría ralentizada porque las comunidades tendrían que someter sus medidas al control previo de los tribunales. La gestión se convertiría, por un lado, en una especie de torre de Babel con decisiones contradictorias de los tribunales superiores de cada comunidad autónoma. Es un escenario que preocupa por el posible peregrinaje a zonas con los bares abiertos o con menos restricciones. Por otro lado, comunidades como la vasca afrontan una situación de incertidumbre por la doctrina del juez Luis Garrido al frente de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Es un contratiempo tan evidente que incluso en el Estado se pone como ejemplo y Compromís lleva dos días alertando de que quiere evitar situaciones similares.

El tribunal ya tumbó en octubre la prohibición de encuentros de más de seis personas porque es un "derecho fundamental" que no puede ser arrebatado a cualquiera, sino solo a las personas enfermas o sus contactos, porque así lo dice la Ley 3/1986 que precisamente ahora está en boca de varios partidos para retocarla. En su artículo 3, dice que las restricciones serán aplicadas a "personas concretas y determinadas" y que "presentan una clara relación con el agente causante" de la enfermedad. Por este veto y por la necesidad de un paraguas para decretar el toque de queda nocturno, Sánchez terminó aprobando un nuevo estado de alarma a petición de un conjunto de presidentes autonómicos liderados por el lehendakari. Garrido también permitió la reapertura de la hostelería en zona roja con un polémico auto que cuestionaba a los epidemiólogos y por el que terminó pidiendo disculpas. El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, defendió ayer que haya medidas intermedias para superar el vacío legal de la alarma.

Las elecciones madrileñas sobrevolaron el pleno, con intervenciones en tono de mitin por parte de un Casado muy beligerante que acusó a Sánchez de actuar como Napoleón; Vox llevó el espectáculo al sacar uno de los adoquines de Vallecas y asegurar que, si los ultras hubieran devuelto el proyectil, hubieran ido a un enfrentamiento civil; y Sánchez evitó la alarma pero sí extendió las medidas más amables: amplió tres meses las moratorias en el alquiler y la suspensión de desahucios para los vulnerables.

"Las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes en este estadio"

Presidente del Gobierno español