tras las elecciones generales del 20 de diciembre, arrancará una legislatura muy complicada para el próximo presidente español. Tendrá sobre la mesa el reto catalán, con los partidos soberanistas avanzando hacia la independencia sin atender las prohibiciones de los tribunales; también deberá pactar un nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas, un debate que promete convertirse en un auténtico ring de combate porque cada territorio se ve a sí mismo como el más perjudicado por el reparto de recursos y demanda más dinero para activar políticas públicas; tendrá que actualizar el Cupo, el dinero que paga Euskadi a España; y deberá decidir qué actitud exhibe ante el cese de ETA, si sigue con la vía exclusivamente policial o explora una salida ordenada para el desarme. Además, Europa ya ha avisado de que Mariano Rajoy ha sido muy optimista redactando sus últimos Presupuestos y el siguiente gobierno deberá meter la tijera hasta podar 8.000 millones de euros. Pero hay otro problema. Parece claro que nadie podrá gobernar en solitario porque, con la irrupción de nuevos partidos, no será posible reeditar una mayoría absoluta como la que ha disfrutado Rajoy en esta legislatura y será necesario pactar, un factor que complicará aún más la gestión de esos problemas.

Si vuelve a ganar el PP, Rajoy podría echar la mirada atrás con amargura por haber dejado correr el presente mandato, donde podría haber hincado el diente a debates muy complejos en una posición de fortaleza desde su mayoría absoluta. No lo ha hecho, con el argumento de que las prioridades eran otras y se centraban en superar la situación de emergencia económica y evitar un rescate europeo global al estilo griego. En muchos casos, se han incumplido de manera flagrante los plazos establecidos para abordar las negociaciones, como en el caso de la financiación autonómica: sigue operándose con el modelo alumbrado por el gabinete socialista de Zapatero en 2009, que caducó en 2013. La Ley de Cupo, por su parte, venció en 2011. Moncloa esgrime que no había dinero en las arcas públicas para abordar esas conversaciones.

Las encuestas prevén que el PP repita victoria, pero no es descartable que sea desalojado por una mayoría alternativa. El socialista Pedro Sánchez se imagina sentado en el sillón de la Moncloa, contando con el apoyo de Podemos o de Ciudadanos, o quizás llamando a la puerta del PNV, con quien mantiene gobiernos de coalición en suelo vasco.

Nadie se atreve a predecir si habrá reforma del Estado ni qué alcance tendrá, porque todo dependerá de las alianzas de gobierno que se sellen. Los jeltzales, por ejemplo, ya han colocado en su lista negra la combinación PP-Ciudadanos, que podría laminar el autogobierno vasco y subir el dinero que paga Euskadi a España. En realidad, verían preocupante cualquier suma que incluyera a Ciudadanos por sus propuestas recentralizadoras y en contra del Concierto Económico. La incertidumbre sobre el devenir del Estado es total. Basta mencionar que, frente a la cerrazón de Ciudadanos, Podemos defiende una consulta independentista pactada con Catalunya, aunque en los últimos tiempos ha moderado su discurso y se ha mostrado más ambiguo.

Modelo de estado El proceso catalán estalló durante el mandato de Rajoy y algunos sectores creen que se debió en parte a su escasa mano izquierda al rechazar la propuesta de pacto fiscal que le presentó el president Artur Mas en 2012. Rajoy se negó a pactar con Catalunya un sistema similar al Concierto, que permite a las instituciones vascas recaudar sus propios impuestos y pagar solo un Cupo al Estado por servicios como el Ejército, la Corona o en concepto de solidaridad con otros territorios. El president no vio más salida que abrazar la vía soberanista y proponer una consulta de independencia, también rechazada por Rajoy. Los soberanistas avanzan hacia la ruptura sin atender a los tribunales españoles.

El socialista Pedro Sánchez propone una reforma de la Constitución española, pero el PP no ha querido abrir ese melón, y solo lo hará en la próxima legislatura si la oposición sigue insistiendo. Rajoy tuvo la oportunidad de encauzar el debate en su mandato, en un Congreso sin los partidos emergentes. Se hubieran bastado PP y PSOE para abordar la reforma, ya que desbordaban el número de escaños necesario, aunque cualitativamente cabía esperar gestos hacia los nacionalismos. Pero el debate deberá esperar a la próxima legislatura, donde irrumpirán con fuerza Ciudadanos y Podemos. La labor se prevé compleja. Es necesaria una amplísima mayoría de dos tercios para tocar los capítulos nucleares de la Constitución, convocar elecciones, ratificar otra vez la reforma por dos tercios y someterla a referéndum en todo el Estado.

También puede ser que no haya reforma o que no valga para Catalunya, un desenlace extraño que podría producirse con un pacto PP-Ciudadanos, ya que Albert Rivera no contempla un cambio en clave territorial, rechaza cualquier concesión hacia los soberanistas y pide suprimir las diputaciones provinciales, el Senado y el Concierto. En ese caso, el escenario se tornaría muy imprevisible porque los soberanistas no tendrían ninguna propuesta que les sirva de asidero para apearse del tren independentista. De todos modos, se apunta que, para detener ese tren, sería necesaria una reforma muy ambiciosa, más allá del pacto fiscal y del blindaje de la educación en catalán porque, de tanto esperar, la propuesta llegaría tarde.

Desde la oposición han acusado a Rajoy de no hincar el diente al debate por temor a perder el apoyo de los sectores más duros en las elecciones, o simplemente por su carácter, proclive a dejar pasar los acontecimientos sin intervenir en ellos y esperando a que la polémica se diluya. El presidente español no ha querido embarcarse en gestiones pantanosas como la financiación autonómica, que venció en 2013. Hasta las elecciones de mayo, la mayoría de los territorios estaban gobernados por el PP, de modo que, aunque cabe admitir que varios barones populares estaban en pie de guerra y en una posición de exigencia ante Rajoy, al presidente español le hubiera resultado más sencillo encauzar el debate en ese momento y no ahora, con el poder institucional muy repartido.

Todas las comunidades plantarán batalla y lo harán defendiendo criterios contrapuestos: Andalucía, del PSOE, quiere más recursos por su elevada población; Valencia, también socialista, ha amenazado con llevar a Rajoy a los tribunales; y Madrid, del PP, lleva años lamentándose.

Por otro lado, comunidades del PP y del PSOE, y el partido Ciudadanos, están cuestionando el sistema vasco por considerarlo un privilegio. Hay territorios, como el asturiano, que han llegado a elaborar informes oficiales en contra del Concierto. Lo preocupante es que ese cuestionamiento llega cuando aún están pendientes las negociaciones para renovar el Cupo. Los técnicos de las administraciones vasca y española llevan meses atascados, y el PNV pide un impulso político que lo desbloquee, pero Rajoy ha contestado que el Cupo no es prioritario por ahora y que sí lo será la próxima legislatura. Al margen de renovar la ley, Euskadi cree que Madrid le debe 1.184 millones por discrepancias en la aplicación del Cupo en los últimos años. La cantidad seguirá engordando hasta lograr una solución.

Las negociaciones sobre la financiación autonómica se han postergado hasta después de las generales y llegarán, así, en el momento de mayor fragmentación del poder autonómico y de mayor cuestionamiento de los regímenes forales. El nuevo presidente también deberá abordar otro estatus de autogobierno para Euskadi, aunque en este caso no hay urgencia porque el Parlamento trabaja poco a poco y no se espera que haya un texto articulado antes de las autonómicas de otoño de 2016. El PNV propone una relación de igual a igual con el Estado, que no pueda inmiscuirse en competencias vascas, y también defiende el derecho a decidir.

Paz La agenda sobre Euskadi no termina ahí, ya que Rajoy tampoco ha dejado zanjado el desarme de ETA. La organización realizó un primer gesto con una pequeña muestra de arsenal en febrero del pasado año y, desde entonces, no ha habido más. Madrid confía en desmantelarla deteniendo a sus dirigentes y encontrando sus zulos, pero en algunos ámbitos le piden un cierre ordenado que garantice que no quedarán armas fuera de control ni escisiones en la organización. El PP es consciente de que la paz ya no da votos en Madrid porque el cese de ETA se da por amortizado y cree que, en todo caso, lo que puede hacer es restarle apoyos si se embarca en una maniobra arriesgada que parezca una negociación a ojos de los sectores más inflexibles del partido.

El próximo gobierno, de PP o PSOE, contaría con el apoyo del PNV, la izquierda abertzale y probablemente Podemos para gestionar el desarme y flexibilizar la política aplicada a los presos, por ejemplo acercándolos a cárceles vascas y liberando a los gravemente enfermos, cuestiones que están en los tribunales pero que, si no reciben impulso político, tienen ante sí un azaroso recorrido de varios años hasta llegar a la justicia europea.

recortes Tampoco será sencillo gestionar la recuperación económica. Aunque lo peor de la crisis haya quedado atrás, la Comisión Europea ha criticado los Presupuestos de Rajoy para el próximo año por su exceso de optimismo y porque no cumplirán el límite de déficit. La oposición ya criticó las Cuentas al considerar que contemplaban medidas electoralistas. Se calcula que el próximo ejecutivo deberá recortar 8.000 millones. La cifra se acerca a los 8.900 que tuvo que ajustar Rajoy en enero de 2012 en su primer gran recorte nada más acceder a Moncloa, una cifra que se consideró histórica y que afectó a la jornada de los funcionarios y a todos los ministerios, y condujo a subidas de impuestos.

Desalojar a Rajoy. Las encuestas auguran la victoria del PP, pero en distintos ámbitos se considera muy probable que lo desaloje una mayoría alternativa encabezada por el socialismo. Sánchez defiende una reforma constitucional para Catalunya y podría ser más atrevido en la paz. Por otro lado, sus barones han cuestionado el Concierto.

Centralismo. Ciudadanos podría ser el socio de gobierno tanto del PP como del PSOE y condicionar su labor. Defiende medidas muy centralistas: suprimir el Concierto o subir el Cupo, el dinero que paga Euskadi a España. Pide una reforma constitucional, pero no en clave territorial porque da por perdidos a los soberanistas catalanes.

Referéndum. Podemos ha bajado en las encuestas, aunque podría ayudar a articular un gobierno de izquierdas. Iglesias se ha mostrado favorable al acercamiento de presos y propone para Catalunya un referéndum independentista como el escocés, aunque en los últimos tiempos se ha mostrado más ambiguo.

Solución al reto independentista. Los soberanistas catalanes avanzan hacia la independencia sin atender a los tribunales, y el nuevo Gobierno español deberá escoger entre una solución dialogada (referéndum o reforma constitucional) o seguir fiándolo todo al freno que puedan poner los jueces.

Caducó en 2013. Rajoy no ha abordado esta legislatura la reforma de la financiación argumentando que la crisis ha sido tan feroz que no había dinero que repartir entre las comunidades autónomas. Lo hubiera tenido fácil hasta mayo, cuando gran parte de las comunidades estaban gobernadas por el propio PP. La batalla será encarnizada.

Vía policial o cierre ordenado. Moncloa ha apostado por desarticular ETA con detenciones y abriendo sus zulos, pero en algunos ámbitos han pedido un cierre ordenado que garantice que todas las armas quedan fuera de control y que no habrá escisiones. La petición de acercamiento de los presos y la excarcelación de los enfermos están en los tribunales, con el PP en contra de ambas.

Cupo. Es el dinero que paga Euskadi a España por servicios como el Ejército y en solidaridad con otros territorios. La ley que lo regula venció en 2011 y Rajoy no vio prioritario renovarla en este cuatrienio.

Nuevo estatus. No es un debate urgente, ya que el Parlamento Vasco no alumbrará un texto esta legislatura, que acabará en otoño de 2016.

Europa pide ajustes. El Estado afronta la senda de la recuperación económica aún con la losa del elevado paro. La Comisión Europea ha añadido una segunda preocupación: cree que Rajoy ha pecado de optimista en los Presupuestos de 2016 y avanza que el próximo gobierno deberá recortarlos. Se habla ya de unos 8.000 millones. El primer paquete de recortes de Rajoy, en enero de 2012, fue de 8.900.