BILBAO - La escenificación del inicio del desarme de ETA, avalada por la Comisión de Verificación Internacional (CIV), lejos de propiciar un gesto que invite a un proceso ordenado del final de la violencia, ha provocado un efecto boomerang en sentido contrario por parte de las instancias judiciales españolas. El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno citó ayer a los seis componentes del organismo liderado por Ram Manikkalingam para presentarse hoy mismo, a las 10.00 horas, a prestar declaración con el propósito de identificar a los miembros de la banda terrorista con los que se reunieron el pasado enero para negociar el sellado de una cantidad de armas y explosivos, e informar asimismo del lugar en el que tuvo lugar el encuentro, entre otros datos. La medida cuenta con el apoyo de la Fiscalía, que pocas horas después de la puesta en escena de los mediadores ya avanzó su intención de reclamar esta comparencia a petición del colectivo de víctimas Covite
La orden del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la AN, de guardia esta semana, afecta a los seis integrantes de la CIV: Ram Manikkalingam, Ronnie Kasrils, Chris Maccabe, Fleur Ravensbergen, Aracelly Santana y Satish Nambiar. Este último, teniente general de la India retirado, no acudió a la cita de Bilbao por encontrarse enfermo. El Juzgado envió la notificación a la Guardia Civil, Policía Nacional y Ertzaintza para que localizaran a los verificadores y les comunicaran la convocatoria. Mientras la ecuatoriana Santana no fue hallada porque se había marchado de la capital vizcaina el viernes por la tarde; Maccabe estaba todavía en el hotel donde se alojaba y hacía tiempo para tomar un avión en el que iba a viajar a Londres a primera hora de la tarde. Agentes de la Guardia Civil le comunicaron la citación judicial, que le fue traducida por una intérprete de la propia CIV, pero se negó a firmar. Posteriormente, se desplazó ya a Madrid para declarar junto a Manikkalingam, portavoz del grupo, y Kasrils, a quienes encontraron en el aeropuerto de Loiu a punto de embarcar hacia París -también se negaron a firmar-, mientras que Ravensbergen tomó el avión con destino a la capital gala. La preocupación invadía a los mediadores por el hecho de que se les haya puesto bajo sospecha y al no padecer una situación igual en su dilatada experiencia en conflictos internacionales.
Kasrils y Manikkalingam aparecen en el vídeo difundido por la televisión británica BBC en el que dos miembros de ETA encapuchados muestran el material fuera de uso, y a quienes el magistrado quiere poner rostro, si bien la propia Policía española manejó ya de inmediato los nombres de David Pla y Xabier Goienetxea. Sobre Pla, uno de los tres integrantes del comité ejecutivo de la organización, los miembros de las Fuerzas de Seguridad se muestran seguros de que es el de menor estatura que aparece en las imágenes y que termina estampando el sello de ETA en el folio con el inventario de lo entregado. Sobre Goienetxea, sin embargo, hay más dudas sobre su identificación, aunque sus características físicas y, sobre todo, su condición de integrante del aparato logístico, el que se encarga de los zulos, les hace decantarse por él.
contrariedad La primera reacción llegó desde el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, y no fue otra que de estupor. El secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, calificó la decisión judicial como "difícil de entender", advirtiendo de que desde el Estado "no se están facilitando las cosas para desarrollar ese desarme". Fernández destacó que se están viviendo "situaciones paradójicas", ya que desde las instituciones españolas no hay disposición a que el proceso transcurra por cauces normales. "Es algo incomprensible porque los integrantes de esta Comisión están tratando de colaborar en un buen fin, el desarme completo, unilateral e incondicional de ETA", lamentó.
En esta misma línea, y con un lenguaje todavía más duro, se expresó el parlamentario de EH Bildu, Pello Urizar, para quien el juez Moreno solo busca "enredar, obstaculizar, putear, imposibilitar y boicotear", con el objetivo de "imponer su verdad, cueste lo cueste". Según denunció el secretario general de EA, "mientras el mundo va por un lado, España va a la contra". Su compañero de filas en la coalición soberanista, Joseba Permach, aseguró que el Estado español "es el único en el mundo capaz de criminalizar y citar ante el juez a verificadores internacionales". La parlamentaria de EH Bildu Maribi Ugarteburu denunció el "nuevo intento de sabotear el proceso de paz ", y reclamó a Urkullu "que tome decisiones desde la responsabilidad que le compete a la hora de denunciar este atropello".
