El Gobierno Vasco dice que Madrid no debe "circunscribirse a una política de detenciones"
Bildu reclama que no se aplique la incomunicación a los dos arrestados en andoain y urnieta
Donostia. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, consideró ayer que el Ejecutivo español no debe "circunscribirse a una política de detenciones" de presuntos miembros de ETA, sino que tiene que orientar sus actuaciones a "consolidar la paz" en Euskadi.
El portavoz del Gobierno de Iñigo Urkullu se refirió de esta manera a las detenciones de ayer de dos presuntos miembros de ETA acusados de integrar en 2002 un comando que cometió cuatro atentados.
La sociedad vasca "no entiende que ETA no haya dado el paso definitivo de entregar las armas", pero tampoco entiende, aseguró el portavoz, que el Gobierno central no haya cambiado la política penitenciaria. En este sentido, recordó que el Ejecutivo de Urkullu ha pedido con anterioridad al Gobierno español que adapte la política penitenciaria a la nueva situación para consolidar la paz y favorecer que ETA entregue las armas.
Además, el director de la Er-tzaintza, Gervasio Gabirondo, reconoció haberse enterado por los medios de comunicación de ambas detenciones practicadas por la Guardia Civil en Urnieta y Andoain. En declaraciones a la Cadena Ser, dijo no poder contar "nada más allá de lo que ha salido en los medios de comunicación".
Por su parte, tanto el Ayuntamiento de Urnieta como la Diputación de Gipuzkoa, gobernadas por Bildu, mostraron su preocupación por el trato de ambos detenidos en manos de la Guardia Civil. En palabras de la portavoz foral, Larraitz Ugarte, "todos sabemos que una detención de la Guardia Civil enfrenta a los ciudadanos a riesgos ciertos. Pensamos que estas dos personas que están en comisaría completamente incomunicadas sufren riesgo de tortura". En este sentido, Amaiur pidió por carta al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que no se incomunicara a ambos detenidos.
Además, el grupo de Bildu en Andoain denunció la actitud de agentes de la Ertzaintza, "que no conformes con proteger el trabajo de la Guardia Civil, exigieron identificar a varios ciudadanos cuando protestaban".
