la elaboración del presupuesto de una institución pública constituye un interesante ejercicio, de cuyos pormenores debería tener conocimiento la ciudadanía. Elaborar un presupuesto conlleva tomar decisiones. Si, como es el caso de las cuentas del Gobierno vasco para 2013, los ingresos vienen prefigurados de antemano, las decisiones se refieren al destino de los recursos de que se dispone. Ese destino determinará las actuaciones a realizar, los objetivos a cubrir mediante las políticas públicas y, en última instancia, el modelo de sociedad que promueve quien realiza el ejercicio.

Con el tiempo, el discurso público ha fijado una serie de fórmulas en el lenguaje colectivo. Y esas fórmulas expresan ideas que acaban formando parte de una ideología muy afincada en la sociedad, difícilmente cuestionable. Sin embargo, momentos como los actuales debieran servir para revisar y cuestionar las ideas establecidas, y para abrir la posibilidad de redefinir las líneas de actuación pública. Porque lo que pudo ser idóneo en un contexto de abundancia de recursos, quizás no es lo más indicado cuando estos escasean. El mismo significado de las palabras, sus implicaciones, cambian en función del momento histórico.

Por ejemplo: ¿cabría hoy atribuir el calificativo "social" a las mismas actuaciones que hace 30 años? ¿O que hace 15? La sacralización que han hecho todos los agentes políticos del término "gasto social" y la momificación de su interpretación son buenos ejemplos de lo que digo. ¿Todo el gasto que se hace en sanidad, educación, y empleo, por ejemplo, cabe ser calificado de social? Y si la respuesta es que sí, ¿qué significa eso? ¿Es necesariamente bueno mantener estas o aquellas políticas solo porque han sido calificadas de esa forma desde siempre?

Los sindicatos del sector y determinados partidos tienden a anteponer el mantenimiento del empleo público por delante de otros objetivos. La pretensión tiene su lógica, ya que, en principio, el servicio público debería prestarse así en mejores condiciones y, por otra parte, ese empleo garantiza un cierto nivel de consumo y de actividad económica. Pero es muy posible que quienes trabajan en el sector privado o están en el paro no lo vean igual. Ellos no tendrían las mismas posibilidades de consumir y, por otra parte, si los recursos públicos se utilizase de otra forma, otros serían los sectores de actividad económica que se beneficiarían.

Los presupuestos de gasto siempre contemplan actuaciones para atender problemas del presente y de otras que se utilizan para preparar el futuro. Es fácil pensar que en un momento de estrecheces, en el que la gente lo pasa mal porque se destruye empleo y disminuye el poder adquisitivo, lo más necesario es atender las necesidades actuales y dejar de lado las actuaciones del futuro. Pero lo cierto es que a nada que lo pensemos, eso no es así. Los pueblos que se comen las semillas para la próxima siembra en medio de una hambruna se condenan a morir de hambre.

Siempre es bueno debatir el destino que se da a los recursos públicos, revisar nociones, establecer, quizás, otras prioridades. Y lo es más aún en un contexto de recursos menguantes. Pero todo eso nos será hurtado si se esgrime como motivo para rechazar unos presupuestos la excusa de que los ingresos deben ser recalculados. Privan a la ciudadanía del verdadero debate, del contraste de modelos, de la clarificación de ideas. Si las cuentas han de ser rechazadas, que lo sean, pero que lo sean porque en las propuestas de gasto hay desacuerdos profundos, no porque se quiera evadir la responsabilidad escatimando el verdadero debate, o porque se quiera utilizar el trámite presupuestario con propósitos bastardos.