Vitoria. Usted ha pedido cautela sobre cómo se aplica el tercer grado a Josu Uribetxebarria y la eventual concesión de la libertad condicional.

No, yo no he pedido cautela, lo que he dicho es que la decisión la toma el juez y que, evidentemente, Instituciones Penitenciarias ha pedido una serie de requisitos que se incorporen al expediente de libertad condicional. Evidentemente estamos ante supuestos en los que hay antecedentes casi diarios: en España terceros grados por enfermedad se acuerdan casi uno diario de promedio en los últimos años, en 2010 más de 350.

Hay sectores dentro del PP, también asociaciones de víctimas, que están cuestionando estas actuaciones y que se les pueden poner en contra.

Nadie en el PP cuestiona estas decisiones. Sí hay asociaciones de víctimas que simplemente no desean que esto se produzca así. Es evidente que una cosa son los sentimientos y las opiniones de cada uno y otra cosa es la ley y, en este caso, el Gobierno lo que hace es aplicar la ley que es lo que corresponde en democracia. Es evidente que a todos nos repugna la trayectoria de Uribetxebarria pero también es verdad, insisto, que la ley es igual para todos.

Da la sensación también de que este caso se ha convertido en una especie de pulso entre el PP y la izquierda abertzale en el que ambos buscan reafirmarse ante su electorado.

No, nosotros buscamos simplemente aplicar la ley. Es verdad que ha habido una consigna de ETA para un planteamiento de huelga de hambre que tiene mucho que ver con su trayectoria terrorista. Es verdad que Batasuna-Bildu, o como se le quiera llamar, ha intentado obtener rédito político de este tema, cuando han comprendido que la real solución probablemente iba a ir por donde ha ido, han pretendido ponerse al frente de la manifestación, pues evidentemente es perfectamente inútil que hagan un planteamiento de chantaje al Estado.

Qué sabe de ese plan para la reinserción de miembros de ETA huidos que está preparando el gobierno del PP.

Es algo que de forma reiterada se ha planteado por parte de los sucesivos gobiernos democráticos, también se planteó en la época de José María Aznar. Esto significa simplemente que las puertas para abandonar ETA siempre están abiertas. Quienes no tengan responsabilidades evidentemente puedan regularizar su situaciones y quienes tengan responsabilidades pendientes con la Justicia, pues han de rendir cuentas para poder regularizar su situación.