vitoria. Tras el Consejo de Ministros del 4 de mayo, el Gobierno español se adjudicó una competencia más. El control de los ríos que discurren por más de una comunidad autónoma, que hasta el momento competía a los territorios, pasó a poder del Estado. Aunque la competencia no contara con un mayor calado político, privar de su gestión a las comunidades sí revestía de simbolismo: era la primera competencia que arrancaba el PP tras una campaña electoral marcada por los tambores de la recentralización, y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ya avisó tras ese Consejo de que la medida sobre los ríos tan solo era un "anticipo" de lo que estaba por venir en la reestructuración del modelo autonómico. No exageró. Según ha podido saber DNA, el PP se plantea unificar las normativas autonómicas sobre caza.

Aunque todavía sea oficioso, colectivos de aficionados a la caza trabajan ya con esa hipótesis, toda vez que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha dejado ver esa intención en una respuesta parlamentaria a UPyD, interesada en conocer los cambios legislativos previstos para unificar las normas autonómicas en materia cinegética. Así figura en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados del 25 de julio, que publica la contestación del Gabinete Rajoy. Tras reconocer que tanto la Constitución como los estatutos de autonomía atribuyen esa competencia a las comunidades, el Ministerio adelanta en su respuesta a UPyD que "considera necesario unificar la normativa relativa al sector cinegético".

De hecho, llega a asegurar que "está poniendo en marcha" cambios legislativos, entre los que figuran la modificación de la Ley 43/2003 de Montes, para crear una licencia única de caza al objeto de poder realizar esta actividad "en todo el territorio nacional". "Se creará" un registro de infractores de caza a nivel estatal, y "está previsto" mejorar la coordinación en materia de caza para conseguir la armonización de los periodos de veda, de los contenidos mínimos de los planes cinegéticos y de los inventarios de caza y pesca.

Según ha podido saber este periódico, los servicios jurídicos del Departamento de Agricultura de la Diputación de Bizkaia -que cuenta con atribuciones en materia de caza- consideran que, de llevarse a término esas reformas, el Gobierno español incurriría en una invasión competencial. Para sustentar su afirmación, desde la institución foral repasan los preceptos constitucionales y estatutarios, así como las distintas leyes aprobadas en el Parlamento. A pesar de la normativa que respalda la titularidad vasca de la competencia, fuentes forales aseguraron que el Gobierno español no ha consultado a las diputaciones.

En concreto, la Constitución española, que enumera en su artículo 148.1 las competencias que pueden ser asumidas por las comunidades autónomas, se refiere textualmente a "la pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial" en su subapartado 11. Esa materia fue reivindicada, efectivamente, en el Estatuto de Gernika, que fue más allá y situó la caza en la lista de las competencias exclusivas de la CAV, detalladas en su artículo 10.

Dadas las peculiaridades del entramado institucional vasco, aún cabe consultar una tercera norma para concretar si las competencias al respecto recaen en el Gabinete López, en las instituciones forales o en ambas instancias. Basta con recurrir a la Ley de Territorios Históricos para comprobar que el artículo 7.b.3 atribuye a los órganos forales el desarrollo y ejecución en materia de régimen de aprovechamiento de la riqueza piscícola continental y cinegética. Otras normas posteriores contradicen el criterio del Gobierno español. Desde la Diputación vizcaína esgrimen la Ley 16/94 de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, que concluye en su apartado 72 que las licencias que expiden los órganos forales serán válidas para el ejercicio de la caza en el ámbito territorial de la CAV. Ese punto choca con el criterio de Madrid, que baraja crear una licencia única.