madrid. Un total de ocho comunidades españolas tendrán que presentar esta semana medidas que constaten su capacidad para cumplir con el objetivo máximo de déficit público fijado para este año -del 1,5%- si quieren evitar que el Ministerio de Hacienda eleve las advertencias al Consejo de Ministros del próximo viernes y se inicie así el procedimiento incluido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que puede acabar con la intervención de las autonomías que no cumplan con lo pactado. Sería una situación similar a la de los estados europeos intervenidos por sus socios comunitarios. Por ahora, no se ha revelado cuales son las comunidades que corren ese riesgo.

El Gobierno emitió una advertencia informal a estas regiones durante la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera de la semana pasada y les concedió siete días para que refuercen sus medidas y las presenten en reuniones bilaterales con el Departamento de Hacienda, por lo que está por ver como se desarrollan los acontecimientos esta semana.

Si durante estos días, en ese plazo marcado no consiguen llegar a un acuerdo, las advertencias se formalizarán en el Consejo de Ministros del próximo viernes y se empezará a aplicar la Ley para evitar las desviaciones en el déficit de las autonomías, algo que incide de forma notable en el déficit general del Estado. En el peor de los casos, la intervención sería una realidad. Esta consistiría en el envío bajo la dirección del Ministerio de Hacienda de una delegación de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada. La delegación enviada podría solicitar información o antecedentes de las partidas de gastos e ingresos y la comunidad autónoma en cuestión estaría obligada facilitar cualquier dato. La delegación debería además presentar una propuesta de medidas y sus conclusiones se harían públicas en una semana. Euskadi, por mor del Concierto económico, no participa en esos encuentros del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque la CAV tiene un sistema fiscal propio y relación bilateral con el Estado.