DIJo una vez un destacado político vasco, en una conversación informal y echando mano de la ironía, que en este país se vota demasiado. De hecho, el lapso de dos años entre las elecciones autonómicas del 1 de marzo de 2009 y las municipales y forales del 22 de mayo es un oasis extraño. La evidencia la ofrece la hemeroteca: desde 1999, Euskadi sólo ha vivido dos años libres de citas con las urnas -2002 y 2006- al margen de estos dos últimos. En esos últimos doce años, los vascos han sido convocados a las urnas en catorce ocasiones, referéndum sobre la Constitución Europea incluido.
El problema de esta exaltación de la fiesta de la democracia es que la política tiene cierta querencia a aparcar proyectos que pueden resultar engorrosos para presentarse ante el electorado y que, en el otro lado de la moneda, la incapacidad de los partidos para alcanzar los acuerdos necesarios para sacar adelante esos proyectos hace con frecuencia que los pospongan, confiando en que los comicios desatasquen cambiando el mapa político lo que las negociaciones no fueron capaces de encauzar.
El 22-M supuso una bisagra para varios asuntos de gran calado de la política vasca. Quedó postergada en su momento la reforma de la Ley Municipal y, aparejada, la eterna amenaza de revisar la Ley de Territorios Históricos; y quedó también enunciada una reforma fiscal pospuesta por mor electoral pero perentoria a tenor de la sangría de la recaudación de las haciendas vascas. Temas que prácticamente configuran la agenda de la ronda que el lehendakari ha anunciado con los nuevos diputados generales para la segunda semana de julio.
fiscalidad
El complejo equilibrio
La primera en sufrir los efectos de la larga sombra de las urnas fue, paradójicamente, quizá la reforma que a priori pudiera tener alguna lectura más electoralista más allá de sus efectos sobre la economía. El azote de la crisis se materializó con toda su crudeza en Euskadi en 2009. Hay que recordar una de las primeras ruedas de prensa del consejero de Hacienda, Carlos Aguirre, que casi sin haber aterrizado en la consejería impuso a sus compañeros del Consejo de Gobierno un peinado de Presupuestos para ahorrar en lo que quedaba de año 550 millones de euros, tras pronosticar caídas brutales del PIB, la recaudación y el empleo. A partir de ahí, deuda pública y tijeretazo al gasto -es cierto que en buena medida en consonancia con las medidas impuestas desde el Estado-, con recorte de sueldos al funcionariado público incluido.
La reforma fiscal había estado sobre la mesa desde el minuto uno de la legislatura autonómica, desde la negociación del pacto de estabilidad presupuestaria suscrito en 2009, en el que socialistas y jeltzales -junto a Hamaikabat- acordaron crear un foro para revisar las normas forales tributarias para adecuarlas a las circunstancias económicas, por cierto, en paralelo a otra mesa sobre el sostenimiento de los servicios sociales. El acuerdo es de octubre de 2009. Ninguno se ha constituido aún.
Prácticamente un año después, el lehendakari asumía en el Pleno de Política General, en septiembre, que el debate sobre fiscalidad debería ser postergado hasta que se celebraran las elecciones forales, postura en la que se habían mantenido los diputados generales, en definitiva, las dos partes del Órgano de Coordinación Tributaria y el Consejo Vasco de Finanzas. Y eso que el alavés, Xabier Agirre, se había saltado la ortodoxia del partido para defender en junio de 2010 tres líneas de actuación: subir los impuestos a las rentas superiores a 150.000 euros, bonificar a parados y pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros y penalizar a empresas que tuvieran beneficios pero destruyeran empleo con tres puntos en el Impuesto de Sociedades.
"Tenemos un marco tributario recientemente aprobado en diciembre y no hay que tomar medidas para buscar un titular o para salir del paso; la fiscalidad es algo muy serio". La arremetida más dura le llegó a Agirre de su propia casa, en boca en este caso del diputado general vizcaíno, José Luis Bilbao, pero también de Iñigo Urkullu. Así las cosas, 2010 concluyó con el anuncio de una deflactación del IRPF para parados y pensionistas con bases imponibles inferiores a 20.000 euros, pero el resto de líneas de actuación -especialmente en lo relativo a las rentas altas, un apartado que también apuntó José Luis Rodríguez Zapatero en un par de intervenciones en el Congreso a lo largo de 2010 pero del que nunca más se supo y ya no se sabrá, al menos de su mano, puesto que no repetirá como candidato- se quedaron en el alero, esperando que el periodo postelectoral engrase los necesarios acuerdos políticos o, por contra, disipe la presión social sobre el asunto.
El escenario se plantea interesante en cualquier caso, pero especialmente si el PP acaba conquistando la Diputación de Álava. Esto, por un lado, debilitaría la posición de fuerza de los jeltzales en el frente foral monocolor que durante esta primera parte de legislatura autonómica se ha revelado como una potente fuerza de oposición al Ejecutivo socialista. Por otro, situaría al socio del cambio ante la tesitura de acompañar o no al Gobierno de Patxi López en una reforma fiscal que implicara, por ejemplo, a las rentas altas en vísperas de unas elecciones generales y cuando el PP de Mariano Rajoy ha atacado frontalmente la política económica del Ejecutivo.
Y, finalmente, la presencia de Bildu en la Diputación de Gipuzkoa le acaba de poner picante a este inédito cuadrilátero político porque, a priori, debería ser la fuerza con la que el PSE-EE encontrara más puntos en común en materia fiscal, por aquello de definirse ambas como de izquierdas. Con una configuración así del Consejo Vasco de Finanzas (CVF), el Gobierno de López tendría más bazas para negociar reformas de tipo fiscal que, hasta ahora, sólo podía fiar al acuerdo del PNV. Eso sí, podría ocurrir que por primera vez Euskadi tuviera que echar mano de la Ley de Armonización Fiscal para unificar los criterios en materia de impuestos en los territorios.
Por otra parte, y a la espera de que esa ronda del lehendakari con los nuevos diputados generales muestre las cartas de unos y otros -y José Luis Bilbao ya ha advertido de que aboga por escenarios fiscales que den seguridad-, un elemento previo que condicione este debate puede ser el eventual acuerdo de PNV y EB en la Diputación de Álava. Ezker Batua ha puesto sobre la mesa modificaciones en los impuestos de Patrimonio y Sociedades.
ley municipal
La eterna asignatura pendiente
La gran damnificada de estos dos años ha sido la Ley Municipal, la eterna promesa. El calendario legislativo presentado por el Gobierno López al poco de llegar a Ajuria Enea planeaba dar trámite esta norma, llamada a culminar la organización del entramado institucional vasco, en el primer semestre de 2010. De hecho, hubo algún momento a lo largo de 2010 en el que pareció que el asunto estaba hecho, porque había un consenso fraguado en Eudel entre socialistas y jeltzales que se materializó en forma de aportaciones de la Asociación de Municipios Vascos al borrador del anteproyecto que hacía pensar que, esta vez sí -no es la primera ocasión que la política vasca aborda esta tarea-. Pero el intento encalló precisamente tras una monumental bronca en la Asociación de Municipios Vascos entre alcaldes socialistas y el presidente de Eudel, el jeltzale Jokin Bildarratz, que casi acaba en abandono del PSE de la entidad en octubre.
Después de aquel turbulento episodio, el Gobierno Vasco aún remitió el anteproyecto de la norma a las partes. El nuevo texto proponía abrir el Consejo Vasco de Finanzas a tres representantes de los ayuntamientos correspondientes a los tres partidos más votados, de manera que las decisiones se tomen por una mayoría mínima de cinco votos y que sean respaldadas un representante de cada nivel institucional. En aquel momento, era una manera de abrir el CVF al PP y, más ampliamente, de evitar que dos instituciones hicieran la pinza a una tercera -entonces, diputaciones y Eudel al Gobierno Vasco-.
De aprobarse esta ley antes de que concluya la legislatura, podría ocurrir perfectamente que el nuevo Consejo de Finanzas quedara constituido de la siguiente manera: cuatro representantes socialistas -tres por el Gobierno Vasco y uno por los ayuntamientos-, dos jeltzales -uno por la Diputación de Bizkaia y otro por los ayuntamientos-, dos de Bildu -uno por Gipuzkoa y otro por los ayuntamientos- y uno del PP -por Álava. La previsión del Gobierno Vasco al presentar el borrador es que pudiera ser enviado a la Cámara vasca en el segundo semestre de este año y el lehendakari ha confirmado que mantiene ese calendario. El tiempo corre en su contra.
El actual periodo de sesiones ha concluido y la actividad ordinaria no se retomará hasta octubre. El proyecto de ley, que debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno, necesita de una documentación preceptiva que le acompañe. A ese trámite de consultas, en el que se encuentra actualmente, hay que sumarle los plazos parlamentarios. Al menos un mes, si no hay ampliaciones, para la presentación de enmiendas, debate de las de totalidad, conformación de la Ponencia, debate en Comisión y vuelta al Pleno. Dado el calado de esta norma, es de prever que los debates sean largos, por lo que no resulta aventurado pensar que vayan a solaparse con los trámites presupuestarios de final de año, que en el Legislativo tienen preferencia en el calendario.
Así que muy hilvanado habría de llegar el proyecto a la Cámara vasca para no plantarse en un nuevo periodo de sesiones, allá por febrero de 2012, en plena precampaña de las generales. Eso por no hablar del elemento de distorsión que puede introducir en el trámite de esta ley la abrumadora presencia de Bildu en los ayuntamientos. Es la fuerza que más alcaldes tiene y podría aspirar a dirigir Eudel... salvo que apueste por reactivar Udalbiltza. En cualquier caso, un nuevo escenario político en consistorios y diputaciones con el que hay que contar.
ley de territorios históricos
Una reforma bajo siete llaves
Aparejada a la Ley Municipal viene la reforma de la Ley de Territorios Históricos, auténtico andamiaje legislativo del entramado institucional vasco. El Gobierno Vasco ha tanteado sin éxito el terreno bajo sus pies en varias ocasiones para ver si podría acometer una reforma de la LTH, famosa y polémica a partes iguales, con el fin de aclarar el escenario institucional y eliminar duplicidades acumuladas a lo largo de estos años que resultan más obvias y sangrantes en época de crisis. Lo volvió a hacer el viernes el lehendakari en su reunión con altos cargos del Ejecutivo.
Patxi López ha insistido en que no abrirá este debate sin la garantía de un mínimo consenso, pero tampoco ha ocultado -ni él ni su partido- su interés por revisar el entramado institucional que dibuja esta norma. Los precedentes al respecto son demoledores. Una de las condiciones del PNV para apoyar la Ley Municipal fue, precisamente, que ésta no supusiera una revisión de la LTH, punto de fricción en el que se inscribieron parte de los detonantes de la escisión de PNV y EA y que ambas han arrastrado posteriormente. Aralar y UPyD se han mostrado favorables a redefinir las competencias de las diputaciones, pero ni PNV, ni PP ni PSE, por distintos motivos, parecen muy por la labor en las actuales circunstancias.
Eso sí, como pequeño recordatorio, el Gobierno Vasco tiene el encargo de elaborar un estudio que cuantifique económicamente las duplicidades entre administraciones que deberá ser entregado al Parlamento Vasco en agosto, según el mandato de la propia Cámara. Al que se añade la propuesta de modelo de país que el Ejecutivo presentará tras el verano.
