Mientras el Estado se deja las pestañas revisando listas a la búsqueda de algún resquicio que le permita alterar por la vía judicial la voluntad de la ciudadanía vasca expresada en las urnas, pasan de puntillas otros debates que merecerían en condiciones normales ocupar los discursos públicos.
Uno de ellos hace referencia nada menos que a la Ley de Territorios Históricos y no se me ocurre mejor momento para debatir en público sobre las diferentes opciones que una campaña electoral donde se renuevan las Juntas Generales.
La cuestión fue llevada la primera semana de febrero al Parlamento Vasco por UPyD y la mayoría de los grupos (salvo Aralar, EA y la propia UPyD) acordaron encargar al Gobierno Vasco la elaboración de un informe que en seis meses debe dar cuenta de los problemas, si los hubiera, en la aplicación de esta ley y las posibles reformas.
¿Quién crea los problemas?
Pero mientras el informe llega, nada evita que cada partido pueda ir presentando a la sociedad cuál es su modelo para articular internamente la Comunidad Autónoma Vasca. Si nos atenemos a las palabras, no hay ninguno que se oponga de entrada a una actualización de la LTH, o a una reforma más integral, pero salvo UPyD y EA, que lleva en su ADN esta cuestión, casi todos coinciden en que se trata de un buen sistema porque funciona y permite gobernar un país complicado con sensibilidades distintas y tradicionales disputas competenciales de forma racional.
Los hechos, sin embargo, no amparan a todos por igual en coherencia con sus palabras. Desde hace dos años, con la llegada de López a Ajuria Enea, las disputas competenciales entre Lakua y las diputaciones vienen siendo una constante. Desde el Gobierno Vasco se ha reiterado que el PNV está empleando las instituciones forales como punta de lanza de la oposición al Ejecutivo de Gasteiz. De este modo, se trata de presentar a los diputados generales, en particular Bilbao, como el jefe de la oposición a López. Un "broncas", en palabras del aspirante socialista José Antonio Pastor.
Lo cierto es que el PSE también ha formado parte de sucesivos Gobiernos en Gasteiz, coincidiendo incluso con José Luis Bilbao al frente de la Diputación de Bizkaia, y la cohabitación no había dado problemas más allá de los lógicos derivados de una gestión compleja. Por lo tanto, los problemas habrá que achacarlos a quienes han llegado de manera reciente a Lakua y han decidido que la LTH es papel mojado cuando se trata de imponer a los territorios determinadas políticas.
El último ejemplo sobre las disputas competenciales en materia sociosanitaria es un buen ejemplo. Dos años de trabajo conjunto entre Gobierno, diputaciones y ayuntamientos pueden saltar por los aires porque al consejero Rafael Bengoa se le ocurre en una entrevista ventilar el asunto: esto debe ser centralizado en mis manos. Y punto.
Al ver la reacción de las tres diputaciones, Bengoa se explica: "No es un debate competencial, es un debate de país". Parece un jeroglífico, como si lo competencial no fuera un "debate de país". Si se quiere informar a la ciudadanía, convendría que ahora, en periodo electoral, se hablase claro. Pastor debería decir si está de acuerdo con Bengoa, si se trata de recortar competencias a las Diputaciones y no emboscar este debate en el Parlamento mientras los hechos le desdicen.
Derechos históricos.
A falta de la Ley Municipal, cuyo retraso empieza a crear graves problemas de organización interinstitucional, la LTH cobra todavía más valor si se trata de evitar duplicidades administrativas.
La decisión de Zapatero de impedir a los ayuntamientos en general la posibilidad de endeudarse constituía un torpedo a los derechos de los territorios históricos, puesto que son las diputaciones las que disponen de esa facultad. Son, y habrá que recordarlo una vez más a quienes dicen una cosa y hacen la contraria, Haciendas propias con todo lo que ello conlleva.
Da la sensación de que en el PSOE y en el PP no se termina de entender esta cuestión; ahí está el reciente recurso al Constitucional del Gobierno de Rodríguez Zapatero en el caso de Nafarroa por la Ley Foral que adaptaba las medidas extraordinarias para reducir el déficit público. El problema, que lo es, no es que desde España no lo entiendan. El verdadero problema reside en que sus terminales en Euskadi tampoco hacen una defensa efectiva de esos derechos históricos y, si pueden, los minan desde Lakua.
A la espera de ese informe que elabore el Gobierno Vasco y remita al Parlamento las conclusiones, convendría que todas las formaciones política aclararan cuál es su modelo. Alguno va a tener problemas para casar sus palabras con sus hechos.
LTH: palabras y hechos
Euskadi hoy
por XABIER LAPITZ
Si se quiere informar a la ciudadanía, convendría que ahora, en periodo electoral, se hablase claro
