Vitoria. "El diputado del PNV Alfredo de Miguel, detenido por presunto cohecho", rezaba el titular del teletipo que Europa Press envió hace hoy un año a las redacciones de los medios de comunicación. La noticia cayó en la sociedad alavesa y en su clase política como un golpe inesperado. En esas primeras horas reinaba la confusión, circulaban los rumores, y se iban conociendo poco a poco más datos sobre una operación que se saldó inicialmente con ocho detenidos. Además de De Miguel, fueron arrestados y puestos ante el juez Aitor Telleria, Koldo Otxandiano, y las esposas de estas tres personas, además del exdirector del Parque de Miñano, Alfonso Arriola, y el empresario Iñaki Etxaburu.
Todos estaban vinculados al PNV, y algunos de ellos, como De Miguel, Telleria u Otxandiano, habían ocupado cargos en el propio ABB. De forma inmediata, el diputado general, Xabier Agirre, exigió la dimisión de su diputado de Administración Local si salía imputado del Juzgado, como así sucedió, y el presidente del ABB, Iñaki Gerenabarrena, convocaba una rueda de prensa de urgencia para reclamar el levantamiento del secreto sumarial. "El PNV quiere saber", afirmó entonces.
Un año después se van sabiendo cosas. De Miguel, Otxandiano y Telleria poseían una empresa, Kataia Consulting, domiciliada en una sociedad gastronómica de Gasteiz y administrada por sus esposas. El juez Roberto Ramos y el fiscal Josu Izaguirre investigan si los principales implicados se servían de esa sociedad para canalizar presuntas comisiones ilegales como pago por adjudicar a dedo contratos en el Parque de Tecnológico de Miñano. La exsocia de Etxaburu, Ainhoa Alberdi, fue la que acudió al Juzgado cuando, supuestamente, De Miguel y Telleria extorsionaron a su padre, a quien al parecer habían pedido una comisión de 120.000 euros.
Poco a poco se fueron conociendo más datos de un caso que seguía bajo secreto sumarial, para indignación del PNV, que se sentía perseguido políticamente y que poco a poco, semana a semana, iba desvinculándose de los imputados. Sólo el núcleo del ABB seguía exigiendo más información y diligencia a la Justicia antes de lanzarse al desmarque público respecto de sus aún afiliados, a quienes desde julio Iñigo Urkullu pedía el carnet del partido, cada vez con más vehemencia hasta que, el pasado mes de enero, los imputados cedieron a la presión tras reunirse con Joseba Egibar.
Empezaron a aparecer nuevos nombres de empresas, como Ortzi Muga y Errexal, propiedad de otro jeltzale, Iñaki San Juan, que cobraban por trabajos supuestamente no ejecutados para el Departamento de Cultura. Se producían así nuevas imputaciones y ramificaciones, como la del espionaje. El juez Ramos tomó declaración en julio a dos ertzainas a los que acusaba de espiar para Aitor Telleria a personalidades relevantes de la vida política y empresarial alavesa, una pieza separada que elevó el caso del ámbito del escándalo político al del esperpento.
Sin embargo, se trata de una cuestión extremadamente grave, tanto si finalmente los imputados son condenados como si no lo son. Y la razón es que había aún más material que los ciudadanos alaveses tenían que digerir. Una denuncia anónima invitó al juez Ramos a investigar la fallida recalificación que perseguía levantar un polígono industrial en Zambrana, una operación en la que intermedió la empresa de De Miguel, Telleria y Otxandiano y que abrió una nueva senda en la investigación de la supuesta trama corrupta. Salían a la luz más nombres, sociedades y terrenos -Fruniz, Santurtzi, Elvillar; Riera, Sidepur, Eskalmelo- más piezas de un puzzle que aún está por completar.
Mientras, en lo político, los partidos de las Juntas Generales y el Parlamento Vasco iniciaron los movimientos para constituir sendas comisiones de investigación. El PNV ha tomado parte en ellas convencido de que son herramientas electorales y trata por todos los medios de desvincular la investigación judicial sobre una serie de particulares que llegaron a lo más alto del partido en Álava, del propio ABB.
Tras un año de avalancha informativa y de revuelo político de consecuencias imprevisibles en los comicios de mayo, en lo sustancial son pocas las cosas que han cambiado. Y no lo harán hasta que la Justicia se pronuncie.