- Cientos de palestinos, en su mayoría mujeres y niños, todos sin cargos, fueron deportados en 1971 por las autoridades israelíes a dos campos de detención en la península del Sinaí, ha revelado una investigación de archivos desclasificados del Estado de Israel. La información había permanecido sepultada en los archivos del Estado durante medio siglo y fue revelada en la última semana por una ONG israelí, que investigó durante años y finalmente consiguió desclasificar documentos que confirman la existencia de los campos.

En medio del desierto, en territorio ocupado a Egipto, bajo condiciones inhumanas y por tiempo indeterminado, así fue el cautiverio de más de 300 palestinos residentes en la Franja de Gaza. ¿Los motivos? Diversos: para unos, ser familiares de personas sospechosas de terrorismo; para otros, el simple hecho de ser jóvenes y estar desempleados.

Los campos eran dos. Uno se encontraba en Abu Zenima, en la costa occidental del golfo de Suez y a unos 300 kilómetros de Gaza, y según una investigación de varios años por parte de la ONG Akevot, abrió hace cincuenta años, el 5 de enero de 1971. El otro, en la localidad de Néjel, ubicada en el corazón del Sinaí, por entonces controlado por Israel tras ser capturado a los egipcios, junto con la Franja de Gaza, en la guerra de 1967.

Al campo de Abu Zenima fueron enviados al menos 140 familiares de militantes o activistas de la organización nacionalista Fatah -liderada por Yaser Arafat- considerados responsables o sospechosos de actos de terrorismo y que Israel no había logrado atrapar. Según uno de los informes de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja que visitó el campo en febrero de 1971, de los 140 gazatíes que se encontraban allí, 87 eran niños.

Salah Abu al Jidian, hoy de 66 años y residente de un campo de refugiados en Gaza, fue uno de los detenidos en Abu Zenima. "No había espacio ni comida y teníamos prohibido realizar llamadas telefónicas", relata a y agrega un dato no revelado en los documentos desclasificados: decenas de presos murieron en los campos. "Si no podían detener a uno de nosotros, expulsaban a nuestras familias de sus casas y los arrestaban", relata, y agrega que también destruían sus casas.

Justamente, la política de demolición de casas de atacantes palestinos es aún hoy uno de los castigos colectivos más polémicos en el contexto de la ocupación israelí de Cisjordania, algo que han condenado en numerosas ocasiones la ONU y otras organizaciones humanitarias.

"Destruimos una casa incluso si el hombre de Fatah es solo un inquilino y el propietario no sabe nada al respecto. Lo que saben en Hebrón, Nablus o Gaza es que si alguien se une a Fatah, eventualmente su casa será arrasada. En este caso, la familia será deportada", explicaba el entonces ministro de Defensa, Moshe Dayán, según transcripciones de reuniones de altos cargos israelíes de la época en las que describió los campos como "el mejor mecanismo disuasorio disponible".

En Néjel, la historia era otra. Allí estuvieron detenidos jóvenes gazatíes cuyo único crimen era estar desempleados. Su detención, según explicó ese año a la Knéset (Parlamento) el entonces coordinador de la actividad militar israelí en los territorios ocupados, Shlomo Gazit, se debía a que "hombres jóvenes deambulando libremente por las calles constituyen una invitación abierta para que las organizaciones los recluten".