- México entra en la recta final de campaña de la inédita y polémica consulta popular del 1 de agosto sobre si se debe enjuiciar a los expresidentes del país por corrupción y otros delitos, cuyos impulsores tienen el enorme reto de lograr una participación del 40% para que sea vinculante.
La consulta popular del próximo domingo, la primera de la historia de México a nivel nacional, fue convocada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder en 2018 con la promesa de erradicar la corrupción.
Sin embargo, el presidente dice que no votará para no fomentar la “venganza”, por lo que la campaña está en manos de asociaciones ciudadanas vinculadas a su partido izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Lo cierto es que la pregunta no deja muy claro qué ocurrirá en caso de imponerse el sí, y se desconoce si el Gobierno denunciará a los exmandatarios o creará comisiones de la verdad para resarcir a las víctimas.
En un inicio, la consulta iba a preguntar si el Gobierno debía investigar y enjuiciar a los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari (que dirigió el país entre 1988 y 1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Pero la Suprema Corte modificó la pregunta, que finalmente cuestionará a los mexicanos sobre si están de acuerdo en realizar “acciones con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”.
Ajenos al cambio de pregunta, los promotores de la consulta hacen campaña desde el 15 de julio empapelando las calles con las caras de los expresidentes de lo que Andrés Manuel López Obrador llama “el período neoliberal”.
Sin embargo, muchas personalidades han levantado la voz en contra de que en un Estado de derecho se consulte a los ciudadanos si hay que perseguir delitos.
Es el caso del director para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, quien calificó el referendo de “circo político”.
En ese sentido, la organización CitizenGO recabó 15.000 firmas bajo el lema Presidente, deje la farsa y aplique la Ley.
El escollo principal de esta primera consulta popular es el de la participación, puesto que se requiere que vote el 40% de los 93 millones de mexicanos que están llamados a las urnas para que el resultado pueda ser vinculante.
Un reto que es mayúsculo, porque las elecciones intermedias del pasado junio tuvieron una participación del 53% y se consideró un dato histórico.
Tanto los promotores de la consulta como el entorno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, critican que el Instituto Nacional Electoral (INE) no pone suficiente empeño para que el referendo sea un éxito.
En entrevista telefónica con Efe, el consejero electoral Martín Faz recordó que el INE pidió al Congreso mayor presupuesto, pero no les dio “ni un peso” de más.
“Nosotros hubiéramos querido instalar más mesas receptoras”, explicó Faz, ya que habrá 57.000 mesas electorales en todo el país, muchas menos que las 163.000 de los comicios pasados.
Sin embargo, confió en que es “un número suficiente para que haya una amplia participación” y celebró que el país avance hacia “una democracia directa”.
