Cientos de familias migrantes separadas en EEUU, en el limbo

San Diego - Un juez de EEUU saludó ayer que el Gobierno federal haya reunido a varias familias inmigrantes que fueron separadas en la frontera, pero criticó que aún tenga en el limbo a cientos de niños sobre cuyos padres no tiene rastro. Durante una audiencia en una corte de San Diego, California, el magistrado Dana Sabraw concedió un “gran crédito” al esfuerzo del Gobierno de devolver con sus padres o apoderados a 1.820 niños inmigrantes entre 5 y 18 años de edad antes de que venciera el plazo del jueves, no obstante precisó que resta resolver la reunificación del resto de familias.

En la sesión, los abogados del Departamento de Justicia, informaron de que todavía 650 menores no son elegibles para ser entregados a sus padres, entre los que figuran 431 niños de progenitores que fueron deportados y algunas decenas que no han logrado ser contactados tras quedar liberados de la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). El magistrado manifestó que es un fallo del Gobierno que se haya perdido el rastro de varios padres y recalcó que la siguiente fase corresponderá a su localización.

Scott Stewars, abogado del Gobierno, dijo que la Administración ha trabajado de “buena fe” para cumplir con el plazo estipulado por la corte, lo que fue refutado por ACLU, la organización que entabló una demanda contra el Gobierno por la separación de familias inmigrantes como consecuencia de la política de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal. “Es como si el Gobierno quisiera un aplauso por limpiar su propio desorden. Todavía hay cientos de niños que no han sido reunificados, el trauma causado a estos niños podría nunca irse”, señaló en una posterior rueda de prensa el subdirector y abogado principal en esta materia de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Lee Gelernt.

Durante la audiencia, el Gobierno informó de que unas mil familias reunificadas cuentan ya con una orden y fecha de deportación, de las cuales 392 están aún bajo custodia de las autoridades migratorias mientras que el resto se encuentra en libertad, aunque con un grillete electrónico. Los abogados de ACLU insistieron en la necesidad de que tras ser reunidas las familias tengan un plazo de por lo menos siete días antes de que se proceda con su deportación, a fin de que estudien sus opciones, entre ellas dejar a sus hijos en Estados Unidos con un tutor.

Gelernt dijo que para los padres podría ser “la última vez que ven a sus hijos”, además de tener en cuenta los efectos emocionales ocasionados en muchos niños, algunos de los cuales han llegado “a culpar a sus padres” de abandonarlos o tienen miedo de separarse de ellos. “El trauma es mucho más grande de lo que pensábamos”, afirmó. El abogado aludió además a un grupo de 120 padres que renunciaron a su derecho de reunificación, algunos de los cuales tomaron una decisión apresurada basada en información “engañosa” o sin comprender el idioma.

El Departamento de Justicia se mostró en contra del plazo de siete días solicitado por ACLU ya que, señala, no cuentan con el espacio para albergar a familias en detención. El magistrado no se pronunció ayer sobre la cuestión y mientras tanto se mantiene la suspensión de la deportación expeditiva para estas familias que decretó semanas atrás.

El Gobierno tenía de plazo hasta antes de que terminara este jueves 26 de julio para reunir con sus padres a 2.551 menores indocumentados entre 5 y 18 años, aunque finalmente las autoridades dieron cuenta el viernes de la reunión de más 1.800 familias que consideró que eran elegibles para ello, lo que fue calificado de “fracaso” por organizaciones civiles.

Otilia y su hijo Del 12 de mayo hasta el 25 de junio: 45 días de interminable espera, lágrimas y sufrimiento para la guatemalteca Otilia Asig-Putul y su hijo Geremy, un pequeño de once años que fue separado de su madre por el Gobierno de Estados Unidos al cruzar la frontera desde México de manera ilegal. Después de una odisea de viaje llegaron al estado de Arizona: “Un oficial se acercó y me dijo que lo sentía mucho pero que me iban a separar de mi hijo porque el presidente (Donald Trump) así lo había ordenado (...) Tu niño se va a ir a un centro y tú a otro”, relata con la voz entrecortada Otilia.

La guatemalteca de 31 años fue enviada a un centro de detención de San Luis (Arizona), mientras que su primogénito fue trasladado a uno en Chicago (Illinois), a unos 2.700 kilómetros de distancia, sin que ella supiera el destino de su hijo. La madre recuerda con “mucho dolor” el momento de la separación. “No entendía lo que estaba pasando y los dos estábamos llorando. Lo abracé muy fuerte y le dije que se tranquilizara, que pronto estaríamos juntos otra vez”, rememora. A los cinco días de estar separados, el Departamento de Salud de EEUU, a cargo de los inmigrantes detenidos, dejó a la madre que llamara a su hijo. Desde ese instante y a pesar de insistir a diario, ya no pudo volver a contactar con Geremy hasta el trigésimo segundo día de estar alejados.

Poco después de esta segunda llamada, uno de los menores del centro de detención de Chicago le puso la zancadilla a Geremy, que cayó contra la esquina de una cama metálica y sufrió una herida importante en la cabeza que requirió de tres puntos de sutura en un hospital local. Este suceso y el hecho de que Otilia no fuera informada de la lesión de su hijo mientras estaban separados forman parte de la demanda que presentó la guatemalteca en un tribunal de Miami (Florida), poco después de ser liberada.

Esa denuncia, elaborada por los abogados de la organización Nexus Derechos Humanos, acusa al centro de detención Heartland y a tres de sus supervisores de no proveer un cuidado “adecuado” a los niños inmigrantes bajo su custodia. La liberación de Otilia, que llegó tras estar 36 días arrestada, fue gracias al pago de su fianza de 20.000 dólares (17.169 euros), que fue depositada por un fondo del mismo grupo de defensa de los Derechos Humanos, que tiene su sede central en el Estado de Virginia. La de su hijo Geremy llegó nueve días más tarde. - Efe