La Audiencia Nacional juzga a una detenida en Vitoria con 90.000 imágenes sobre yihadismo

La Audiencia Nacional juzga este martes a una mujer acusada de terrorismo yihadista, y en concreto de presuntos delitos de autoadoctrinamiento y autocapacitación, detenida en 2023 en Vitoria en posesión de más de 90.000 imágenes y 2.000 vídeos de material yihadista.

Esta mujer, de nacionalidad española y origen peruano, enfrenta una petición por parte de la Fiscalía de 5 años de cárcel, 3 de libertad vigilada, 9 de inhabilitación absoluta y 9 años de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos.

Conversa al islam, fue detenida en septiembre de 2023, tras una investigación iniciada al detectarse su radicalización por su intensa actividad en redes sociales, donde difundía mensajes de la propaganda del Dáesh, según informaron entonces fuentes jurídicas a EFE.

Actualmente se encuentra en libertad provisional, aunque tras ser detenida se decretó su prisión provisional y se suspendió su patria potestad sobre sus cuatro hijos, que quedaron bajo custodia de su padre.

Inicialmente, los investigadores y la Fiscalía sospecharon que podía haber incurrido en captación de menores, aunque en su escrito de conclusiones provisionales la Fiscalía apunta que "no ha quedado acreditada la actividad de adoctrinamiento yihadista de la acusada a sus hijos".

En su domicilio y, en concreto, en dos móviles, la Guardia Civil halló una "ingente cantidad de material de signo inequívocamente yihadista": 92.216 imágenes, 2.302 vídeos y 1.320 audios en español, árabe y ruso.

También encontraron la cartilla que indicaba que había prestado servicio militar -obligatorio en Perú- y varios vídeos que dejaban patente su interés en el entrenamiento militar y las acciones bélicas.

La investigación apuntó además a que la acusada tenía intención de desplazarse a un territorio controlado por la organización terrorista con la finalidad última de que "sus hijos lleguen a ser muyahidines".

También se comprobó su contacto fluido con miembros o simpatizantes del Dáesh afincados en terceros países y que se relacionaba con individuos investigados por terrorismo en países europeos.

En la investigación se contó con un agente encubierto, al que la acusada informó de cómo formar parte de la organización terrorista y de cómo establecer relaciones con más miembros del entramado, según detalla el escrito de la Fiscalía.

En sus conclusiones provisionales, señala que "la acusada no es una mera usuaria de material yihadista, sino que también llevaba a cabo actos de difusión de este tipo de archivos audiovisuales, contribuyendo a los fines de la organización terrorista DAESH; aunque no haya podido identificarse a terceras personas que se hayan adoctrinado en los postulados terroristas como consecuencia directa de la actuación difusora de la acusada".

La Fiscalía considera que la acusada descargó y almacenó material para autocapacitarse y estar en condiciones de "colaborar o intervenir en futuras acciones terroristas" desplazándose a territorio extranjero y que su autoadiestramiento no se limitó a un plano ideológico, sino que trascendió a un autoadiestramiento operativo en acciones yihadistas.

Y cree además que la acusada culminó el proceso de capacitarse y asumió el "decidido compromiso personal de convertirse en una colaboradora al servicio de las acciones terroristas" y de viajar con sus hijos a un territorio controlado por el terrorismo.