Sánchez ha iniciado una gira por tres países africanos para tratar de frenar la crisis migratoria. Un drama humano que va in crescendo, que satura a las comunidades receptoras, pone en peligro la convivencia social (alerta Canarias) y cuya gestión abre cicatrices en el seno del Gobierno. Mauritania, Gambia y Senegal son países estables con los que se quiere reforzar la colaboración económica y la cooperación policial, pero también son ruta de paso de otros países en conflicto y de donde zarpan la mayoría de los cayucos que llegan a nuestras costas. En lo que va de año más de 22.000 inmigrantes en situación irregular han llegado a las costas canarias, un 125% más que el año pasado. Y 200.000 refugiados malienses que huyen de la guerra se hacinan en la frontera mauritana. El perfil de inmigrante ha cambiado. Ya no son sólo motivos económicos como ocurría con jóvenes de Senegal o Marruecos sino personas que huyen del terror y de conflictos armados. Sánchez ya ha anunciado la exigencia de visados de tránsito para los que entren de Mauritania –que ya se aplican para los que vienen Senegal o RCA– eludiendo así las peticiones de asilo político de muchos refugiados con el el trasfondo moral que supone. Aunque en realidad se persigue una migración más ordenada con programas de formación y capacitación en origen para que llegue mano de obra cualificada son medidas que llegan a una parte muy pequeña de la población. PP y Vox por su parte tratan de utilizar esta crisis para desgastar al Gobierno. Los populares han presentado un plan para reforzar las fronteras apelando a la vieja política de muros y represión para competir con los bulos que emite cada día la ultraderecha. Pero cualquier medida que no cuente con el entendimiento de los países receptores está condenada al fracaso. De igual modo que el reparto de la carga migratoria por comunidades también debe ser una medida negociada. Difícil debate en el que se echa en falta una política más valiente desde la UE que ya aprobó en mayo un Pacto de Migración y Asilo, con medidas controvertidas como que los países paguen para evitar acoger migrantes. Una UE que no puede consentir violaciones de derechos humanos y que sabe que hasta los países de la UE más antiinmigración los necesitan. Sin olvidar ante todo que con visados de tránsito o sin visados, con rutas seguras o no seguras los inmigrantes seguirán llegando a Europa en un mundo convulso.