Una tragedia, un crimen de difícil o imposible explicación –como el cometido días atrás en Inglaterra, cuando un joven de 17 años asesinó a tres niñas– ha sido utilizado para proyectar en las calles del norte del país la capacidad de la ultraderecha de desestabilizar la convivencia. Una campaña de desinformación orientada a culpar y perseguir a inmigrantes musulmanes se hizo viral en redes sociales, especialmente en la del magnate Elon Musk, cuya política de descontrol de contenidos es ya más que una estrategia comercial y convierte a la red X en el terreno preferido para difundir mensajes de odio y bulos. En X campan desinformadores profesionales readmitidos tras haber recibido condenas por difamación y difusión de bulos con intención de fomentar el odio. Lo sucedido en Inglaterra en los últimos días dispara alarmas que ya venían sonando y que se apagan a los pocos días por la laxitud con la que los gestores de las redes, sus usuarios y la opinión pública en general sancionan la mentira. Los relatos difundidos en redes sociales son un entretenimiento más y un mecanismo de notoriedad que fomenta la reproducción de mensajes falsos, espectaculares o acordes con la percepción ideológica de cada cual. Con una falsa retórica de libertad, se comunica sin criterios deontológicos de veracidad y protección de derechos. Los medios de comunicación que se obligan a ello no siempre reciben la valoración de la audiencia y pocas veces su disposición a reconocer su función, su valor y el coste de su servicio. Se prima la gratuidad y se consume sin la exigencia de veracidad. Sin espíritu crítico ni cualificación para valorar la autenticidad de lo que se consume y redifunde –o directamente con intención de obtener un rendimiento particular–, las redes de desinformación campan sin consecuencias a su cosecha de malware intelectual. La realidad hoy es que encaramos la existencia de redes organizadas de manipulación de la opinión pública con éxito. Y en el origen de esa manipulación no solo hay una falta de ética y una voluntad de proyección ideológica sino la búsqueda de pingües beneficios económicos con una mercancía ilícita que explota debilidades. Es puro narcotráfico digital y la ciudadanía tiene derecho a defenderse de él con normas claras y una acción de los poderes públicos no ideologizada a su vez.