Solo quedan tres días para la 27ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que deberá ir más allá de constatar las amenazas de un calentamiento global que ya está acreditado e insistir en las medidas para contenerlo. Entre el 6 y el 18 de noviembre próximos, Egipto acogerá la cita que identificará el grado de cumplimiento –insuficiente– de los acuerdos anteriores y la necesidad de ser aún más ambiciosos. Las grandes apuestas de las citas en Kioto y París pasaban por desarrollos posteriores que no se han alcanzado. En el caso de la cumbre francesa, donde se decidió la revisión del mercado de emisiones, no se ha materializado. El sur padece los efectos más brutales de la climatología extrema pero sigue atado a la necesidad de crecer para salir del pozo de la pobreza. Los países del sur han sido quienes menos responsabilidad tienen en este panorama pero quienes más la padecen. Si de Glasgow salió un compromiso para incrementar los fondos para políticas ambientales globales, hoy ya es imperioso superar el paradigma del derecho al desarrollo como freno a la lucha contra el cambio climático. Para empezar porque quienes lo esgrimen son grandes contaminadores –China, Rusia, Brasil o India– con modelos de crecimiento insostenibles. Los fondos que se anunciaron para sustentar la estrategia global de recorte de emisiones deben ser efectivos y alcanzar los objetivos demandados, ligados a la sostenibilidad ambiental pero también humana. La última cita del FMI y el Banco Mundial no se tradujo en procedimientos para dotar esas cantidades. La Organización Meteorológica Mundial alertaba ayer mismo del impacto sobre la salud y la economía de Europa ante el aumento de temperaturas. No es, por consiguiente, un problema ajeno. No cabe justificar en criterios de competitividad la no adopción de medidas clave para la supervivencia. Ni siguiera en esos términos es el cambio climático un buen negocio. El impacto previsible sobre infraestructuras de todo tipo, empezando por las del transporte, reducirá la competitividad de las economías desarrolladas; la atención sanitaria ante el deterioro de la salud o los fenómenos meteorológicos extremos –sequías e inundaciones– requerirá recursos que debieron invertirse antes para evitarlos. Ya no es cuestión de voluntad sino de imperiosa necesidad.