- El sector textil español, que agrupa a más de 3.800 empresas, prevé una caída de la facturación de hasta el 37 % durante este año 2020 debido a la crisis generada por el coronavirus, que ha obligado a cerrar algunas empresas por falta de pedidos y pese a que otras muchas han reorientado su producción hacia el sector sanitario.
Según datos de la patronal española Confederación de la Industria Textil (Texfor), ninguna empresa del sector espera mantener la facturación en las mismas cifras del año pasado e incluso un 7% prevé caídas de la cifra de negocios de hasta el 75%.
La secretaria general de Texfor, Marta Castells, explica que, pese a que muchas empresas textiles que fabrican habitualmente para el sector de la moda, que representan el 70% del total, han reorientado una parte de su producción hacia el sector sanitario, de ninguna manera podrán mantener la facturación registrada en 2019.
Después de Semana Santa, y tras finalizar el periodo de paralización de la actividad no esencial decretada por el Gobierno, el 75% de las empresas textiles españolas están abiertas, aunque el 40% de éstas no lo están a pleno rendimiento. El 25% restante no saben cuándo abrirán, algunas esperan a que finalice el estado de alarma y muchas otras a empezar a recibir pedidos, ya que el hecho de que los comercios permanezcan cerrados desde el pasado 14 de marzo ha provocado la paralización de una buena parte del sector.
En cuanto a las medidas laborales aplicadas, el 13% de las empresas sigue igual que antes de esta crisis sanitaria y el 60% ha presentado expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). La mitad de ellos se han solicitado por fuerza mayor y la otra mitad por causas económicas, productivas u organizativas.
Otro 10% de las empresas está adaptando la jornada a la situación actual y el resto está haciendo pactos con los trabajadores para introducir algunas medidas de flexibilidad.
Castells asegura que el sector está bastante acostumbrado a lidiar con diferentes crisis y readaptarse a nuevos tiempos. Por ello, reclama un plan de acción de ayuda a las administraciones que iría más allá de las propuestas hechas hasta ahora por el Gobierno y que pasaría por facilitar una mayor liquidez a las empresas. En este sentido, Castells considera necesaria la moratoria en el pago de los impuestos y ayudas directas a las empresas para hacer frente a todas las dificultades que las compañías se están encontrando.