MADRID- El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ordenó ayer embargar bienes por un importe de 18 millones de euros a Rodrigo Rato, incluida su pensión del Fondo Monetario Internacional (FMI) -54.536 euros anuales-, que percibe en calidad de exdirector gerente de la institución. Según explicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el embargo de los bienes se produce después de que el exdirector gerente del FMI, exvicepresidente del Gobierno, exministro de Economía y expresidente de Bankia no haya hecho efectiva la fianza que debe abonar al estar imputado por un delito de corrupción entre particulares, delito fiscal y blanqueo de capitales. Rato tenía supuestamente un entramado de empresas en paraísos fiscales para ocultar a Hacienda parte de sus ingresos.
El pasado mes de mayo, el mismo juzgado, que es el órgano que investiga a Rato por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes, le impuso una fianza de 18 millones de euros si quería que le desbloquearan sus cuentas y depósitos. Entonces, las cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y planes de pensiones, además de otros productos financieros de Rato, fueron bloqueados como medida cautelar.
Además del embargo a Rato, el titular del juzgado número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, tomó ayer declaración en calidad de imputado al abogado Domingo Plaza por los presuntos delitos de corrupción entre particulares, delito fiscal y blanqueo de capitales en la causa que se sigue en este órgano judicial por el caso Rato. Tras su declaración no se impuso ninguna medida cautelar a Plaza, que es el tercer imputado en este procedimiento después de Rato y del empresario Alberto Portuondo, administrador de la empresa pantalla gracias a la cual el ex director gerente del FMI cobró presuntamente comisiones de dos empresas a cambio de los contratos de publicidad de Bankia.
Portuondo debió ingresar en prisión ante el riesgo de que pudiera fugarse o destruir pruebas. El juez Serrano-Arnal imputó a Portuondo los delitos de blanqueo de capitales en el extranjero y corrupción entre particulares. - Efe