MADRID. Fuentes del Ministerio de Hacienda han rehusado valorar las declaraciones del comisario de Competencia, Joaquín Almunia, que ha dejado claro que recomendaciones de Bruselas como subir el IVA son "vinculantes", pero sí han recordado que lo que ha pedido el Ecofin es ampliar las bases imponibles de los impuestos indirectos y revisar los estímulos a la adquisición de vivienda.
Lo que está haciendo el Gobierno, según estas fuentes, es analizar de forma "crítica" los casos en que se aplican tipos reducidos, y qué tipo de bienes y servicios se benefician de estas reducciones.
En casos normales el IVA que se aplica es del 18 %, mientras que se aplica un tipo reducido del 8 % a los alimentos, salvo los de primera necesidad; aparatos como lentillas o gafas graduadas; o a servicios culturales o recreativos.
El superreducido, del 4 %, se aplica a productos de primera necesidad como pan, leche o huevos; libros, periódicos o revistas; compra de vivienda habitual; y aparatos como prótesis o sillas de ruedas.
Para el Gobierno, el IVA es también un caballo de batalla en la lucha contra el fraude, y por ello trata de acabar con la emisión de facturas falsas o con la práctica del impago de este impuesto.
Para ello, ha aprobado el pasado viernes el proyecto de ley contra el fraude fiscal, que espera entre en vigor antes de enero de 2013, según las citadas fuentes, aunque el texto depende ahora de su tramitación parlamentaria.
Con medidas como la introducción de la posibilidad de que una de las partes implicadas en una operación pueda denunciar a la otra en caso de no declarar una transacción superior a 2.500 euros, lo que se pretende es introducir "inseguridad" en el defraudador.
En lo que se refiere al plan para el afloramiento de economía sumergida, las fuentes han detallado que ya ha habido algunas declaraciones "de carácter especial" que se han acogido a este, aunque en importe y número "reducido".
A juicio de estas fuentes, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE en contra de esta medida es negativo porque "eleva la incertidumbre" de potenciales beneficiarios de la medida, que permite regularizar activos ocultos con un cargo del 10 %.
