EL horizonte económico actual no puede ser más desalentador por mucho que los gobernantes, estatales o autonómicos, pero afectados por la proximidad de unas elecciones, muestren un perfil propagandístico optimista. La última medida del BCE, subida de los tipos de interés con vocación de seguir la escalada, viene a ser otra vuelta de tuerca en un proceso de ajustes monetarios, financieros, económicos y laborales que parece no tener fin. Junto a esta noticia que pretende frenar la inflación, esta semana hemos conocido las medidas que tiene que adoptar Portugal para hacerse acreedor del rescate europeo, así como las contradictorias previsiones que hace el Gobierno español en materia económica y laboral para el presente ejercicio.
Resulta difícil, por no decir imposible, conciliar estas noticias sin un estremecimiento ante las incertidumbres y dificultades que se avecinan. La primera realidad que se desprende de esta situación afecta al bolsillo de los ciudadanos: si sube el precio oficial del dinero en la zona euro, también subirá el Euribor y, con él, las hipotecas que tienen que pagar muchas familias. En el caso español, el saldo vivo hipotecario es de 1,075 billones de euros, lo que significa que la subida de 0,25 puntos en los tipos de interés encarecerá en más de 2.500 millones de euros la factura hipotecaria anual. Todo un mazazo para muchas personas que difícilmente pueden hacer frente a los pagos mensuales.
Pero las dificultades no terminan ahí. El sistema bancario español registra en la actualidad una creciente morosidad que puede aumentar ante nuevos impagados. Esto obliga a elevar las provisiones o, lo que es igual, resta liquidez al mercado crediticio, ya de por sí bastante restringido. Sin olvidar que la crítica situación de Portugal también afectará a los bancos españoles en la medida que son los que tienen una mayor exposición en la deuda portuguesa. Esta doble posibilidad de estrangulamiento del sistema puede frenar la recuperación de muchas empresas que no podrán acceder a los créditos, bien porque se han encarecido, bien porque no se conceden.
En un país con casi cinco millones de parados y una economía estancada, la subida de tipos de interés y sus consecuencias (encarecimiento de las hipotecas y posible reducción de créditos) pueden convertir en papel mojado las previsiones realizadas esta semana por miembros del Gobierno español. Unas previsiones ya de por sí contradictorias en la medida que Zapatero afirmó el martes en el Senado que "habrá una creación nítida de empleo en el segundo semestre de 2011". Una afirmación que desacreditó 24 horas más tarde la ministra Salgado al señalar que el crecimiento de 1,3 por ciento del PIB será insuficiente para crear empleo, aunque su compañero de gabinete, Valeriano Gómez (Trabajo e Inmigración) asegurara ese mismo día que este año se crearán entre 40.000 y 50.000 puestos de trabajo.
Como ven, no se ponen de acuerdo. Y es que hacer previsiones se hace cada día más difícil hasta el punto que la propia ministra de Economía mantiene inalterable la tasa de crecimiento para 2011, pero reduce las correspondientes a los dos ejercicios siguientes. Recordemos que los últimos datos señalan un crecimiento del 1,3%, que permanece invariable, y una tasa del paro del 19,8% frente al 19,3% previsto inicialmente. Salgado dice que el crecimiento del consumo familiar se reducirá del 1,8% inicial al 0,9%, pero se verá compensado por un aumento de las exportaciones al calor de la reactivación en países como Alemania y Francia. Claro que, luego llega el Banco de España y echa por tierra estas previsiones al señalar un crecimiento del 0,8% y un paro del 20,1%.
En la mente de todos, especialmente en la de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del banco de España, está la caótica situación creada en torno a la reestructuración de las Cajas de Ahorro en la medida que, conforme avanzan las pretendidas reformas surgen nuevos obstáculos porque el sistema financiero no parece haber dicho toda la verdad sobre su situación. Ahora bien, los peligros no terminan en el esclarecimiento del escenario de bancos y cajas porque si fuera necesario nuevos rescates, éstos volverían a salir del dinero público con riesgo de un mayor déficit y endeudamiento.
El baile de cifras no sólo alimenta la confusión de la opinión pública sino que pone en entredicho las previsiones. Si la realidad económica corrige, un día sí y otro también, las previsiones del Gobierno?, ¿qué puede ocurrir si no se registra el crecimiento anunciado? El tiempo es juez inexorable, pero el riesgo de volver a fallar en los pronósticos conlleva la automática reducción de los ingresos y un nuevo ajuste en el gasto público ya que el objetivo prioritario es el déficit, que se traduciría en nuevos recortes sociales.
La pregunta es: ¿Hasta qué punto van a soportar los ciudadanos este goteo restrictivo de sus derechos? Pues bien, esta pasada semana más de 50.000 trabajadores europeos se han manifestado en Budapest contra esa política de recortes, mientras que en Islandia, la ciudadanía ha rechazado en referéndum pagar de sus bolsillos los errores de los banqueros. No sé si los gobernantes entenderán el mensaje de que, junto a los problemas derivados por la crisis, ellos (los políticos) son parte del problema. Parece claro que asoma un hartazgo social irreconciliable con promesas electorales.
