Justo en el momento en que PNV y PSE anuncian su intención de promover una reforma fiscal, EITB ha tenido el acierto de publicar el 1 de febrero dos piezas sobre fiscalidad: ¿Cuáles son los impuestos que pagamos? y La presión fiscal vasca, por debajo de las medias de España y la UE, que ayudan a divulgar entre la opinión pública algunos aspectos básicos del tema. Parece que ha causado cierta sorpresa el hecho de que la presión fiscal vasca se sitúe en esos datos de un problemático año 2020 por debajo de la del Estado (la gran brecha existente respecto a Europa es archiconocida). Para los que hemos estado más cerca de las estadísticas era algo conocido: aunque desde 1981, año de inicio del Concierto actual, la presión fiscal comparada se había mantenido, con altibajos, a un nivel similar, a partir de 2005 se observaba una tendencia a aflorar una divergencia que era de en torno a un punto si la comparación se establecía con datos de PIB del INE, y de cerca de dos si utilizábamos los de Eustat. Un hecho revelador de la importancia del denominador que apunta a que la diferencia estará más cerca de la primera cifra, que es más homogénea y que evita el posible sesgo a la baja que algunos expertos observan en la contabilidad del INE. La diferencia no es despreciable pero tampoco es grande, y creo que si resulta chocante para muchas personas es porque han formado su opinión a lo largo de estos últimos años en base a noticias fragmentarias de los medios de comunicación, en general sobre la normativa de Renta y Patrimonio y no sobre presión fiscal y menos con un alcance global. Pues bien, ante ese hecho, en las propias noticias y en el consiguiente debate en Radio Euskadi se han dado algunas explicaciones técnicas que no me parecen convincentes y algunos argumentos políticos que pienso merecen ser rechazados.
Entre las primeras, se cita la ocupación (tasa de paro), la igualdad en la distribución o el nivel de renta, factores que no explican en ningún caso una presión menor que la del estado y menos la comparación con Cataluña, que tiene menor renta, y con Madrid que tiene parecida, y que es con diferencia donde menos tributan las rentas altas. Para entender las diferencias hay que ir a los tributos concretos y de ello resulta que: 1) el País Vasco destaca por su significativa menor presión en el Impuesto de Sociedades, que como pesa poco no tiene tanto impacto en la cifra global, 2) una presión algo menor en renta, debida no a la tarifa sino a unas deducciones más generosas en vivienda y pensiones, y 3) una presión similar en IVA y demás indirectos.
En cuanto a los argumentos políticos, no es cierto que el problema de nuestro sistema fiscal derive de que aquí gobierne el PNV y no los socialistas. En Europa ha sido la socialdemocracia y en España fue el gobierno socialista de Zapatero quienes introdujeron la división de las rentas de trabajo y del capital a efectos de tributación, con un tratamiento más favorable para las segundas, bajo la añagaza de la llamada tarifa del ahorro. El ahorro de los tatarabuelos de ese 3,5% de los declarantes que, en Bizkaia, por ejemplo, acaparan el 45% de esas rentas. Ese ha sido el verdadero caballo de Troya que ha acabado con la progresividad: el paso decisivo de un largo proceso en el que como cabía esperar la marea neoliberal también ha inundado la Euskal Herria foral. De resultas de todo ello, ni se cumple el precepto constitucional de progresividad ni siquiera el de igualdad liberal, en fin, un estado de cosas lamentable que tuve ocasión de denunciar en esas páginas en un ya lejano 10 de octubre de 2011 (No son partidarios) justo cuando se recuperaba también el Impuesto de Patrimonio cuya supresión, también por el gobierno de Zapatero, había agravado la inequidad del sistema. Creo que las instituciones vascas debieron haber actuado ya en aquella primera fase de la Gran Recesión, como mínimo con una reforma que hubiera eliminado las deducciones, que no eran funcionales y que tenían y tienen efectos negativos en la equidad, y estableciendo un recargo de solidaridad. Esto hubiera hecho menos duro el ajuste presupuestario que fue muy drástico y del que costó salir hasta que la propia elasticidad del sistema fiscal y la mejora de la economía permitieron navegar mejor la crisis a partir de 2016. Pero ahora ya no se trata de soluciones transitorias sino de responder a un escenario futuro lleno de retos para el sector público. A la brecha fiscal existente con Europa que sigue haciendo de testigo del camino que queda por recorrer, principalmente en protección social, se viene a añadir el envejecimiento de la sociedad y su gran impacto en salud y pensiones.
Sería un error no avanzar decididamente en la construcción de una capacidad fiscal adecuada a los retos de estos tiempos. Pero tampoco hay que caer en un pensamiento ilusorio y olvidar que el margen de actuación de las administraciones vascas está limitado a la imposición directa y con restricciones, que no se puede ir totalmente por libre e ignorar lo que ocurre en el entorno, y finalmente que no hay efecto Robin Hood: si se quiere aumentar la recaudación deben contribuir amplias capas de la población. El margen existente es limitado, pero no es despreciable y hay que explorarlo hasta sus últimas consecuencias.
Siempre me pareció que una ventaja relativa en el impuesto de sociedades era una estrategia inteligente y compatible con la equidad y con la suficiencia fiscal. Pero si a dicha estrategia se le añade un privilegio al capital en el impuesto sobre la Renta (tipo del 49% para el trabajo y del 25% para el capital) y hasta un cuestionamiento del de Patrimonio todo el edificio fiscal se resiente. Es el efecto conjunto de los tres el que tiene que garantizar un nivel de progresividad que evite la escalada de la desigualdad que ha denunciado Piketty en dos grandes libros. Sabemos ya, porque nos lo han mostrado Emmanuel Saez y Gabriel Zucman en El triunfo de la injusticia, que el sistema fiscal americano ya es claramente regresivo, cuando para compararlo con Europa se incluyen en el cálculo los gastos de salud que impactan en las clases medias.
Ciertas élites económicas nos han traslado un mensaje en esta dirección en ese decepcionante primer informe de Zedarriak, ahora bajo el pretexto de la atracción de talento, cuando ya existe una deducción del 30% de las rentas durante diez años para los desplazados al País Vasco. Por no hablar de su distorsionada visión que cuestiona los rasgos esenciales del estado de bienestar que tanto nos ha costado construir y que goza tan amplio consenso social.
Si ese 3,5% de declarantes, modelos excepcionales de parsimonia y frugalidad quieren aferrarse al efecto Buffett –el inversor billonario que paga menos que su secretaria– el sistema no tendrá legitimidad para exigir la contribución de esas amplias capas de rentas medias altas. Entonces acabaremos todos repitiendo el ripio de aquel senador americano: Don’t tax you, don’t tax me, tax de fellow behind the tree. Eso sí estaremos comprometiendo nuestro futuro y nuestro modelo de sociedad.
Economista
