Un proceso eterno con un incierto final

Con motivo de la celebración ayer del día mundial de las personas refugiadas, desde CEAR recordaban que la cifra total de solicitudes que podrían llegar este año supondrán más del doble del total de todo 2018, cuando hubo 1.595 solicitudes de protección internacional en Euskadi. Esta organización, junto a la Cruz Roja y Accem, se encarga de atender a las personas que se ven obligadas a abandonar sus países y buscar una nueva vida con la incertidumbre continua de si podrán o no regresar a su hogar algún día.

Según explican desde CEAR, actualmente los países mayoritarios de las personas que están llegando este año a Álava entre enero y mayo para solicitar asilo son, por este orden, Venezuela, Nicaragua -país que no figuraba entre los más habituales de 2018-, Colombia, Honduras y Ucrania. Se ha reducido el volumen de personas solicitantes de países como Siria, si bien desde la asociación recuerdan en cualquier caso que también “hay personas que piden asilo sin que ninguna organización les ayude”.

Unas cifras, esas 385 personas atendidas en 2018 y las 167 en lo que llevamos de año, que no dejan de ser una gota en el océano de las más de 70 millones de personas desplazadas de manera forzada en todo el mundo. “Aumentan las solicitudes de asilo pero aún así siguen siendo cifras irrisorias en comparación a esos 70 millones, que es la cifra de todos los habitantes de Francia o la suma de Portugal, Grecia y el Estado español”, recuerda Rosabel Argote.

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta una persona que solicita asilo es el eterno proceso burocrático para lograr que su solicitud sea finalmente aceptada, llegando a alcanzar varios años de espera. Además, el 75% de ellas acaba siendo denegada. Eso empezando simplemente por el tiempo que pasa hasta obtener la primera cita para la solicitud, pues sin ir más lejos en la comisaría de Gasteiz se está dando cita para dentro de un año, según explica la responsable de CEAR-Euskadi.

“A partir de ahí puede ser admitida a trámite o no, porque no todas lo son. Si vienen de un país en el que se considera que no existe la vulneración de derechos humanos que alegas se puede no admitir. Además, incluso cuando se admite a trámite se emite una tarjeta roja que vas renovando cada seis meses. Los seis primeros no puedes trabajar, pero tras la primera renovación sí”, resalta Argote. Sin embargo, con el paso del tiempo “hay personas que encuentran un trabajo y de repente en una de esas renovaciones les dicen que no se lo dan”, lo que supone tener que renunciar a ese trabajo. En ese momento “sólo queda la opción de pasar a la vía de extranjería”, con la necesaria acreditación de estar tres años de estancia regular en el territorio.

Estado El año pasado el Estado volvió a superar su máximo histórico con 54.065 solicitudes de asilo y se situó como el cuarto país de la Unión Europea, con el 8% del total, por encima de Italia, Reino Unido o Suecia. Por tercer año consecutivo, Venezuela fue el país de origen de un mayor número de solicitantes de protección internacional en España, con 19.280, casi el doble que en 2017 (10.350). Le siguieron Colombia (8.650), Siria (2.775), Honduras (2.410) y El Salvador (2.275).

En 2018 también volvió a reducirse la concesión de protección internacional en España. De las 11.875 personas afectadas por las resoluciones firmadas por el ministro del Interior, solo 575 lograron el estatuto de persona refugiada y 2.320 la protección subsidiaria (24% de resoluciones favorables), mientras que a 8.980 se les denegó la protección (76% de resoluciones desfavorables). Solo treinta personas originarias de Venezuela lograron protección (frente a 1.495 rechazadas). En el lado contrario, 195 de las 245 personas palestinas afectadas por resoluciones de asilo lograron protección. Sin embargo, la exigencia desde febrero de este año de un visado de tránsito para estas personas dificultará aún más su llegada al Estado español, según denuncia CEAR-Euskadi.