Vitoria - Hasta ahora únicamente cinco entidades gestoras del ciclo de agua de Álava, de las más de 350 que hay, han rechazado formar parte del Consorcio de Aguas, por lo que para el diputado de Medio Ambiente, Josean Galera, “el nivel de adhesión es superior al de la oposición”. De esta manera, el titular foral de Medio Ambiente respondía a la pregunta de Daniel Trujillano (Orain Araba-Grupo Mixto) para conocer cuántas entes gestoras habían rechazado formar parte de esta figura que aspira lograr que toda la ciudadanía reciba el mismo servicio, con la misma calidad y con tarifas únicas y razonables, independientemente de donde resida. “Una figura, que en todo caso -remarcó Galera- es de libre adhesión y pretende auxiliar a los concejos porque las obligaciones legales están superando las capacidades de los propios concejos”.

Esta respuesta se enmarcaba, a su vez, en el único punto del día de ayer de la comisión de Medio Ambiente de las Juntas Generales: la pregunta del grupo juntero de EH Bildu para conocer “el plan e intenciones” para el cumplimiento de la Moción 41/2018, que tras su aprobación del 30 de mayo, instaba a la Cámara territorial a desarrollar un nuevo proceso participativo del modelo de gestión de agua, “con el objeto de recoger cuantas aportaciones, mejoras y alegaciones provengan de las entes locales competentes”. Al respecto, Galera tras especificar los casi 40 encuentros “enriquecedores” que desde el 16 de septiembre de 2016 se han celebrado, anunció que la Diputación ha decidido “a la mayor brevedad” enviar a las más de 350 entidades gestoras del agua una encuesta, junto a la información que hasta ahora ha entregado, para que opinen sobre el Consorcio de Aguas. Así, entre los aspectos más relevantes que se sondearán está la competencia de la gestión, la voluntariedad del consorcio, diferentes obligaciones reglamentarias, profesionalización del servicio, representatividad, tipos de servicio que debe prestar el Consorcio o tarifas adecuadas, entre otros. En total, serán siete bloques de preguntas para los que habrá un plazo de 30 días no festivos para poder contestar, de tal manera que “a partir de septiembre estaremos en condición de trabajar con toda la información recibida”, agregó.

Sin embargo, para EH Bildu, “reducir el proceso participativo a una encuesta no cumple con las expectativas que tenemos”, censuró Iñaki Ullibari. Igual que María del Mar Roldán, de Podemos, “¿Cree que con una encuesta va a haber una participación real?”, preguntaba Roldán.