Vitoria registra más de 400 locales afectados por “abusos” de la cota cero

gasteiz - “Yo, si fuera a comprar un local ahora, vería si la comunidad de vecinos a la que pertenece tiene ya instalado un ascensor y si está actualizado a la cota cero”. Un consejo tan sencillo como este que ofrece el portavoz de la Asociación de Locales Afectados por Cánones Injustos (ALACI), José Luis Gómez, pudo ahorrar un gran disgusto a 400 dueños de lonjas que han afrontado el pago o la expropiación correspondiente por las obras de accesibilidad a los más de 400 dueños de lonjas que figuran en el censo de Vitoria. Aseguran ser los grandes perjudicados por las obras de accesibilidad que, en ocasiones, esconden reformas completas de edificios y no sólo de bajada a cota cero, lo que les lleva a contraer deudas que, a veces, se disparan hasta 40.000 euros.

Un pago “inasumible”, cuando una misma lonja pertenece a varios portales. “En Aranbizkarra hay bajos que corresponden a comunidades de vecinos formadas por una manzana entera de edificios, mínimo quince portales”, denuncia Gómez. Ante. “Esta problemática que está afectando mucho personal y económicamente a los afectados”, subraya. Un grupo de estos agraviados empezó hace cinco años a reunirse en la capital alavesa para debatir posibles soluciones a su situación. En 2014, el colectivo se constituyó de forma oficial, bajo el nombre de ALACI, y a día de hoy, cuenta con 200 agraviados, que desde hace más de un año pelean por que el Ayuntamiento gasteiztarra modifique la ordenanza vigente. Su objetivo es “delimitar lo que son obras básicas de accesibilidad frente a renovaciones globales de edificios”. Y, en general, que tome como referencia la reciente sentencia del Tribunal Supremo, firmada el pasado 17 de noviembre, y de la que se ha hecho eco el Síndico de Gasteiz, ya supone un gran contraste con los fallos judiciales dictados hasta la fecha. La sentencia del Supremo concluye que los propietarios de una lonja no tienen por qué sufragar los gastos de la obra, siempre y cuando el edificio ya tuviera el ascensor instalado y los estatutos de la comunidad excluyan a los propietarios de bajos de abonar los costes de su mantenimiento.

Por el momento, lo que ha conseguido la plataforma de afectados, tras su ronda de contactos con los partidos políticos, es que su propuesta sobre la modificación de la ordenanza municipal sea aprobada, gracias a los votos favorables de PNV, PSE y EH Bildu.

Sin embargo, todavía es una mera “declaración de intenciones”, a falta de que los grupos municipales concreten una propuesta definitiva. De ahí que la modificación de la ordenanza siga siendo una de las reivindicaciones prioritarias del colectivo porque, como recuerda el portavoz de la agrupación, que a su vez forma parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Álava (FAVA), “el impacto es muy alto en todos los casos. Trasciende el aspecto económico, pero también al personal, ya que tiene consecuencias físicas y psíquicas para los afectados”. Prueba de ello, argumentan desde ALACI, son los casos de personas mayores a las que han tenido que ingresar por problemas de corazón, como consecuencia de la “desesperación y ansiedad” que les crea por afrontar tan elevadas deudas. Pero, como alega el portavoz de la plataforma, también hay efectos indirectos derivados de la expropiación, que acaban “desquiciando” a las personas. “Los inquilinos huyen por el ruido de las obras o de las lonas que tapan sus locales y piden una rebaja de sus rentas, cuando su establecimiento pierde metros para cumplir con las obras de cota cero”, ejemplifica.

Unos propietarios que, poco pueden hacer, en las reuniones de las comunidades de vecinos en las que se aprueba acometer las reformas, ya que -precisa Gómez-, “las comunidades aprueban proyectos donde los locales estamos indefensos porque los vecinos son mayoría y no se diferencia entre residentes y no residentes”. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Álava (FAVA), cuyo censo de bajos afectados por la cota cero contabiliza hasta 400 casos en Vitoria, es otro de los que aplaude la reciente sentencia del Supremo. “Gracias a Dios empiezan a dar la razón a los locales”, explica Ángel Lamelas.

Una satisfacción que también comparte el Síndico de Vitoria. Martín Gartziandia es uno de los primeros que falló en la misma línea que el Supremo antes de que éste dictara sentencia. “Esta sentencia nos parece bien porque viene a confirmar lo que nosotros sosteníamos. Y, sobre todo, porque ya lo venía advirtiendo en sentencias previas. No es que nosotros nos inventáramos una tesis”, afirma el defensor vecinal, en referencia a la resolución que firmó el 9 de septiembre de 2015 y que coincide con la interpretación que hace ahora el Supremo. Ahora, por tanto, dicho tribunal “reitera y clarifica esta cuestión”, añade Gartziandia, quien sospecha que hay “muchos” estatutos de comunidades de vecinos que ya contemplaban esa exención del pago, “pero también hay que analizar esas cláusulas de excepción porque son las que establecen las obligaciones de cada parte”, insiste. Su oficina ha recibido en torno a una treintena de quejas. “Hablamos de muchos propietarios, que no hacen uso ni siquiera del portal porque no tienen llave”, sostiene. La cuantía a pagar depende de cada caso, “pero si se trata de vivienda de superficie pequeña, como en Zaramaga, a nada que el local tenga entre cien o ciento veinte metros cuadrados, ya paga más que un piso”. Antes, el consejo era no acudir a los tribunales, ya que solían dar la razón a las comunidades de vecinos. “Nosotros solíamos recomendar antes que no fueran al juez. Sin embargo, a partir de ahora, tras la sentencia del Supremo, “eso va a cambiar”, afirma Gartziandia.

propietarios. O más, son los afectados en Vitoria por las llamadas obras de cota cero en Gasteiz, según el censo existente.

euros. Puede llegar a pagar el propietario por unos trabajos que, en muchos casos, denuncian incluyen más obra que la mera accesibilidad.

año. Nació la Asociación de Locales Afectados por Cánones Injustos (ALACI) que, hoy, cuenta con 200 agraviados que pelean por que el Ayuntamiento cambie la normativa.