gasteiz - Los grupos de la oposición municipal ya anunciaron a mediados de mes que litigarían en el caso del alquiler de los locales de la calle San Antonio que investiga el Tribunal de Cuentas. EH Bildu ya lo hizo, por un lado, y ayer PNV y PSE prepararon toda la documentación a presentar en el órgano fiscalizador.

El tribunal analiza la posible responsabilidad del gobierno del PP de Alfonso Alonso en la firma de un contrato lesivo para Vitoria por el alto precio que el Ayuntamiento tiene que pagar de renta al empresario Gonzalo Antón. En el acta, la instructora del caso impuso de manera cautelar una fianza de casi medio millón de euros al ministro de Sanidad y a los otros ocho miembros de su entonces gabinete, entre ellos, el alcalde, Javier Maroto. Previsiblemente ninguna de las partes personadas actualmente en la causa el Ministerio Fiscal, el abogado del Estado, el Ayuntamiento de Vitoria y los entonces ediles recurrirá el acta. Dijo Maroto que todos los investigados quieren que este asunto se resuelva a la mayor brevedad, a poder ser antes de las elecciones del 24 de mayo. De no presentarse recursos, se publica un edicto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, a partir de ese momento, se abre un plazo de diez días para establecer un procedimiento de exigencia de responsabilidad contable. Los tres grupos de la oposición -PNV, PSE y EH Bildu- acordaron en sesión plenaria impulsar la apertura de este juicio contable, convencidos de la responsabilidad política de Maroto y Alonso, y argumentando que se debe llegar hasta el final del caso para que no se cierre en falso.

El Tribunal de Cuentas abrió una investigación por presuntas irregularidades en el contrato de los locales de San Antonio. Llamó a declarar a los implicados en el acuerdo y, a pesar de que el PP pidió que se archivara la causa, la instructora les impuso una fianza al considerar que no ha prescrito, ya que la ciudad sigue pagando una desproporcionada renta por los locales de San Antonio. Pero para que la investigación siga adelante es necesario que, bien el Ayuntamiento bien el fiscal o bien algún ciudadano a título particular solicite la apertura de juicio contable ante el órgano fiscalizador del Estado. Y ya que el Consistorio gobernado por el PP no dará este paso, sí lo harán los grupos políticos de la oposición “en defensa de los intereses económicos de la ciudad”.

El contrato sobre el que el órgano fiscalizador ha abierto causa lo firmó Alonso con Antón en 2007 estableciendo una renta superior a la que los técnicos del Ayuntamiento consideraban apropiada. Así, el Consistorio tenía que pagar, en total, obras de reforma incluidas, más de siete millones de euros durante veinte años por un inmueble que el empresario compró por poco más de dos millones. Además, el exalcalde rubricó este elevado precio saltándose la opinión de los técnicos municipales que fijaron un arrendamiento inferior. Ahora, el Tribunal de Cuentas, ve indicios de que este contrato es irregular y perjudicial para los intereses de la ciudad.

Por su parte, la Fiscalía de Álava ha decidido no abrir caso y archivar las diligencias por el caso San Antonio porque -dice el fiscal Josu Izagirre- se trata de un asunto que ya está siendo investigado por otro organismo (Tribunal de Cuentas). El Ministerio Público añade que, aunque con la documentación que le ha remitido el Ayuntamiento no queda “acreditado” que haya delito, si el órgano fiscalizador aprecia alguna ilegalidad, sí que podría reabrir la causa. - R. Rz. de G.