gasteiz - El movimiento ecologista está dispuesto a llegar hasta instancias superiores para que la más que posible reapertura de la central nuclear de Garoña se quede sólo en un mal sueño. Araba Sin Garoña, el colectivo que viene peleando desde hace años por su clausura definitiva, anunció ayer que pedirá la intermediación de la Unión Europea (UE) para impedir que el vetusto recinto atómico vuelva a abrir la persiana. Endesa, propietaria de Garoña al 50% junto a Iberdrola, anunció este pasado lunes que solicitará al Gobierno central su reapertura porque las razones económicas que motivaron la parada de la planta en 2012 "ya no existen".

Un deseo que, unido a la indisimulada predisposición positiva del Ejecutivo Rajoy hacia Garoña, da casi por segura su reapertura, que podría extenderse hasta el año 2024 siempre que Nuclenor -la gestora de la planta- adecúe la central a la nueva normativa europea. En ese escenario, Garoña pasaría a ser la central nuclear más antigua del mundo, ya que empezó a operar en un lejanísimo 1971. Ya suma 43 años de vida, cuando su vida útil no debería haber superado las cuatro décadas. La fecha tope para que Nuclenor pueda volver a pedir el alargamiento de la vida de Garoña sin tener que solicitar una nueva licencia expira el próximo 6 de julio.

Alberto Frías, portavoz de Araba sin Garoña, advirtió de que la hipotética reapertura de la central supondría "un peligro para la población", por lo que intentará que la UE supervise e investigue en profundidad este proceso, incluso a través de una comisión específica. Frías no ahorró en calificativos para describir el anuncio de la copropietaria de Garoña. "Descabellado", habida cuenta de que las pruebas de esfuerzo a las plantas nucleares que en su día planteó la UE "no harían posible la reapertura de Garoña", y también un "fraude de ley", ya que ha sido el Gobierno central el que ha eliminado la retroactividad del impuesto sobre la gestión de residuos radiactivos para, precisamente, dejar en papel mojado esas razones económicas por las que en 2012 la planta detuvo su actividad.

Frías, a pesar del negativo escenario que se ha vuelto abrir en torno a Garoña, sí celebró que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite el recurso de las Juntas alavesas contra el Real Decreto que posibilita la reapertura de la central. Curiosamente, el pasado viernes, apenas dos días antes de que Endesa dotara de carácter oficial a lo que era un secreto a voces, las Juntas lograban que el recurso conjunto de toda la oposición -sin el apoyo del grupo popular- contra la reapertura fuera admitido a trámite por el Tribunal Supremo. La iniciativa de la Cámara foral tenía como objetivo anular ese Real Decreto con el que en febrero el Gobierno central modificó el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas para que una central cuyo cierre llegara por motivos económicos disponga de un año, a partir de su cese de actividad, para solicitar la renovación de su explotación.

siguen las críticas Este paso hacia un fin ambicioso pero no imposible, que el Supremo anulara la citada norma, sería un logro de las Juntas alavesas, pero no de la Diputación, pues el Gobierno foral en manos del PP, que el 19 de marzo votó en contra de este recurso, no ha hecho durante los últimos meses sino mostrar una absoluta indiferencia ante al rechazo social a Garoña. Algo que otros grupos políticos y colectivos sociales no perdonan al diputado general, Javier de Andrés.

Entre ellos, el portavoz del PNV en las Juntas, Ramiro González, que ayer redobló sus críticas a De Andrés recordando que la vuelta a la actividad de Garoña sería "una decisión contraria a la voluntad de la mayoría social de alaveses", que "ya se ha manifestado en varias ocasiones en contra de la reapertura de una central obsoleta". González cargó contra una Diputación que "prefiere no mojarse y no posicionarse respecto a la reapertura de la central, plegándose de esta manera a las decisiones que adopta el Gobierno de Rajoy".

En otro orden de cosas, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal) lamentó ayer "el tiempo perdido" con el cierre de la central de Garoña y reconoció abiertamente que las empresas del metal se ofrecieron en 2012, antes de la suspensión de su actividad, a comprar y explotar la central.

A través de una nota recogida por Europa Press, Confemetal mostró su malestar por que se replantee ahora la reapertura de la central "después de que su cierre haya contribuido a mantener el alto precio de la energía eléctrica en España". El cese de la actividad de la central "ha supuesto un año y medio de perjuicios para los consumidores eléctricos, hogares y empresas, y sobre todo industriales, que han visto cómo la inactividad de la central contribuía a empeorar el mix energético", señaló.

Mirando a Europa. Araba sin Garoña pretende que la UE supervise en profundidad, si es preciso con una comisión de investigación, todo el proceso de reapertura. El colectivo cree "descabellado" el anuncio de Nuclenor tras los resultados de los test de estrés.

Críticas a Madrid. El colectivo cree que la posible reapertura supone un "fraude de ley", ya que el propio Gobierno central ha puesto la alfombra roja a Nuclenor eliminando la retroactividad del impuesto sobre la gestión de residuos radiactivos.