El Ararteko pide RGI para familias que comparten una vivienda social

Aconseja al departamento de Trabajo que considere estos recursos como residencia colectiva

23.04.2021 | 00:35
Manuel Lezertua. Foto: J. M. M.

Vitoria – El Ararteko reclama al Departamento de Trabajo y Empleo que las viviendas gestionadas por entidades sociales que forman parte de programas de intervención sean consideradas residencia colectiva, con el objetivo de que todas las unidades de convivencia que se alojen en ellas puedan acceder a la renta de garantía de ingresos (RGI) y a la prestación complementaria de vivienda. Según informó ayer la oficina del Ararteko, asociaciones de Araba y Bizkaia han informado de que Lanbide está denegando o extinguiendo el derecho a la RGI a algunas personas con el argumento de que residen en el mismo domicilio que otras unidades de convivencia que tienen reconocida la RGI. Se trataría de personas o familias residentes es viviendas utilizadas para programas de inclusión.

Las asociaciones alegan que las personas más vulnerables que precisan de la RGI se veían abocadas a vivir en hostales, pensiones o, si podían acceder, en una habitación compartida, sin ninguna supervisión o apoyo profesional. Estas asociaciones gestionan programas de inclusión social y disponen de viviendas en las que se alojan las personas que participan en los distintos programas. Las personas usuarias de estas viviendas se encuentran en situación de exclusión social y residencial grave y son objeto de una intervención dirigida a su inclusión social.

Lanbide, sin embargo, considera que la vivienda en la que residen no tiene consideración de colectiva porque no cumple ninguna de las condiciones del Decreto 147/2010, regulador de la RGI. Para que la vivienda tenga esa consideración, es necesaria una autorización que corresponde otorgar las diputaciones; sin embargo, estas carecen de una normativa sectorial para concederla.

A juicio del Ararteko, mientras no se elabore esa normativa no cabe denegar o extinguir la RGI a una persona usuaria de un programa dirigido a su inclusión social y recomienda al Departamento de Trabajo y Empleo que estas viviendas tengan la consideración de residencia colectiva. También solicita que se modifique la actual limitación existente sobre la concurrencia en un mismo marco de convivencia de como máximo dos unidades beneficiarias de la RGI porque en estos momentos de crisis es necesario poner en marcha todas las medidas sociales dirigidas a garantizar un alojamiento adecuado. En la resolución del Ararteko se señala que, aunque la atención a las personas en situación de dificultad o exclusión social es principalmente pública, "también se llevan a cabo importantes actividades de intervención social por parte de organizaciones sociales del Tercer Sector de Intervención Social".

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