La RGI, un salvavidas para 57.000 personas

Este sistema de protección social se articula fundamentalmente en la Renta de Garantía de Ingresos, la RGI, que ha sido clave en los momentos más difíciles; de hecho, nació en plena crisis industrial para dar respuesta a una reducción de empleo sin precedentes en Euskadi y en la crisis económica alcanzó su pico de beneficiarios.

Para quien a estas alturas no lo sepa, la RGI es una prestación económica vital que busca asegurar un mínimo de ingresos para aquellas personas y familias que no disponen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Está gestionada por Lanbide, y no solo proporciona un soporte económico, sino que también incluye medidas de apoyo para la inserción laboral y social de los beneficiarios. Las cuantías van desde los 840 que cobra una persona adulta a los 1.652 euros que recibe una persona adulta con cuatro menores a cargo -las cuantías varían dependiendo de las personas que componen la unidad familiar-. Así, aunque en la actualidad sean 57.334 los perceptores, la prestación cubre a 98.427 personas.

Pero no en todos los casos se cobra de forma íntegra, sino que en muchos de ellos es un complemento a los ingresos que ya tienen las personas, pero que no llegan a esos mínimos establecidos. En el 18% de los casos se compatibiliza la RGI con ingresos por trabajo y un 25% de los titulares de la prestación son pensionistas.

Las cuantías van desde los 840 que cobra una persona adulta a los 1.652 euros que recibe una persona adulta con cuatro menores a cargo.

Además, desde hace casi dos años, Lanbide también gestiona el Ingreso Mínimo Vital, una prestación estatal que, inspirada en el RGI, se puso en marcha durante la crisis sanitaria del coronavirus. En la actualidad, cobran esta prestación un total de 25.050 personas y algo más de la mitad, 13.078, compatibilizan el IMV con la RGI. Las cuantías en el caso de la prestación estatal van desde los 785 que cobra una persona adulta y los 1.472 euros en el caso de una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y cuatro o más menores.

“La transferencia del IMV nos ha brindado una oportunidad de crecer en alcance de cobertura y protección”, apunta Sara Buesa, directora de Prestaciones e Inclusión en Lanbide. “El conjunto de ambas prestaciones nos permite atender en mayor medida las necesidades en Euskadi”, argumenta.

Nuevo reglamento

Hace un año la RGI sufrió importantes modificaciones, entre ellas la flexibilización de los requisitos para acceder a ella con el objetivo de ampliar el alcance de la cobertura. Y esto ya se nota. En la actualidad hay 6.533 perceptores más que en abril del año pasado, es decir, un 14% más.

“Nuestro balance es muy positivo, ese incremento que se detecta en la evolución del número de expedientes es intencionado. Se pretendía llegar mejor a situaciones que igual antes no estaban suficientemente cubiertas”, asegura la directora de Prestaciones e Inclusión de Lanbide.

En torno al 18% de los casos se compatibiliza la RGI con ingresos por trabajo y un 25% de los titulares de la prestación son pensionistas.

Por ejemplo, la nueva ley mantiene el requisito de los tres años de empadronamiento, pero se rebaja hasta el año cuando hay menores o personas con discapacidad o dependencia. Además, la antigüedad en el padrón desaparece para las víctimas de violencia de género y doméstica, de trata y de explotación sexual y para los refugiados.

Tampoco será una exigencia para los afectados por el terrorismo ni para las colectividades vascas en el exterior. “Estamos viendo el ingreso de nuevos colectivos como jóvenes que proceden del sistema de protección de menores, personas refugiadas, víctimas de trata, explotación sexual, violencia, y es lo que pretendíamos”, señala Buesa.

Desde la entrada en vigor de la nueva ley, hace justo un año, se han realizado un total de 11.473 nuevas concesiones, entre ellas 456 a víctimas de violencia de género, 46 de violencia doméstica, 12 de trata, 5 de explotación sexual, 204 a jóvenes provenientes del sistema de menores, 6 víctimas del terrorismo, 3 de la colectividad vasca, 416 refugiados y 199 a personas con protección temporal. En la actualidad, un total de 2.251 víctimas de algún tipo de violencia reciben la prestación.

“Queríamos proteger especialmente las situaciones de violencia de género, trata o explotación sexual. También se ve claramente cómo va despuntando el grupo de jóvenes que vienen del sistema de protección de menores, también ahí ha habido una ruptura. Porque parece que a los 18 años, al salir del sistema, ya tenías que tener todas las capacidades y recursos para vivir de forma autónoma. Y, cómo no, a las personas refugiadas o solicitantes de asilo y con protección temporal”, desgrana Buesa.

Antes de la modificación de la ley, las personas refugiadas o solicitantes de asilo no estaban accediendo a la prestación porque se requerían tres años de empadronamiento previo. Otra de las nuevas medidas es la actualización trimestral de la cuantía, que permite ajustar la ayuda cada tres meses en función de los ingresos del trimestre anterior y de la composición de la unidad de convivencia.

“Hay mucha variabilidad en la RGI, es un sistema que se mueve mucho, hay muchas entradas y salidas. Por ejemplo, en todo 2023 fueron más de 65.000 las unidades de convivencia que fueron titulares en algún momento de la RGI. Además, 3.500 unidades de convivencia salieron del sistema el año pasado porque ya superaban los ingresos mínimos, que es el objetivo del acompañamiento para la inserción laboral y social.

Durante años, la Renta de Garantía de Ingresos, la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV)- vinculada a la RGI- y las Ayudas de Emergencia Social (AES) han sido los tres pilares del sistema social vasco. Los dos primeros han estado gestionados siempre por Lanbide y el tercero, por los ayuntamientos. Sin embargo, a partir de este mes, a raíz del decreto que regula el Derecho Subjetivo a la Vivienda, la ayuda para el alquiler se universaliza y pasa a depender del Departamento de Vivienda. Un total de 25.665 perceptores de la RGI reciben la PCV y Lanbide tiene ahora la tarea de ir traspasando sus expedientes a Vivienda para que continúen cobrando la prestación.