Competencia desliga de las colusiones a las instituciones

Este organismo cree que las licitaciones públicas son la tormenta perfecta para pactos ilícitos

30.06.2021 | 00:43

gasteiz – La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) considera que las licitaciones públicas son "el escenario de tormenta perfecta" para los acuerdos ilícitos e indica que entre 2015 y 2019 la mitad de las sanciones impuestas por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) fueron para "desarticular cárteles" en este ámbito. Así se expresó el vocal de la AVC Rafael Iturrriaga en su comparecencia en comisión parlamentaria junto con la presidenta de la entidad, Alba Urresola, para valorar la multa de 6,3 millones que la CNMC impuso a 22 consultoras por repartirse contratos públicos durante al menos 10 años.

La investigación comenzó en Euskadi pero la AVC remitió al caso a la entidad estatal al comprobar que podía extenderse a otras comunidades autónomas. Finalmente, la comisión nacional concluyó que las citadas 22 consultoras habían manipulado licitaciones durante años y que en la zona norte esas irregularidades afectaban al menos a 101 contratos públicos, algunos relacionados con los ayuntamientos de Bilbao y Gasteiz, el Gobierno Vasco y con la Diputación de Bizkaia.

Iturriaga valoró que la resolución de la CNMC sobre el cartel de consultoras se basa en un análisis jurídico "correcto" y una exposición de hechos "suficiente" y sus sanciones no son "arbitrarias" sino "ponderadas". Expuso que la "pulsión natural" de las empresas es la colusión porque "les da confort y aumenta las ganancias", mientras que la competencia es "incómoda" porque les "obliga a luchar". Sin embargo, en el caso de las licitaciones públicas se da "un escenario de tormenta perfecta de facilidad de colusión" porque una vez publicados los pliegos del contrato la administración no tiene capacidad de negociación.

"Si hay prácticas colusorias algo ha fallado, pero no quiere decir que haya fallado dentro de la Administración", aseguró Iturriaga, que cree no obstante que "hace falta un cambio de cultura en la contratación pública" y que las instituciones deben "velar" por el cumplimiento de la legalidad y alertar de posibles prácticas irregulares.

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