El TS confirma la condena por el crimen de Ellacuría y otros cuatro jesuitas en El Salvador

Orlando Montano deberá cumplir una pena de 133 años y tres meses de cárcel por el asesinato de los religiosos

03.02.2021 | 13:48
El ex militar salvadoreño Inocento Orlando Montano durante el juicio.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de septiembre pasado que condenó al ex coronel y ex viceministro de Seguridad Pública de El Salvador Inocente Orlando Montano a la pena de 133 años y tres meses de cárcel por el asesinato del ideólogo de la Teoría de la Liberación Ignacio Ellacuría y de otros cuatro jesuitas españoles en 1989 en El Salvador.

El tribunal considera acreditado que los miembros componentes del alto mando salvadoreño, como "núcleo decisor colegiado", entre los que se encontraba montano, al ver amenazada su situación de poder ante la ofensiva desarrollada en noviembre de 1989 por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), decidieron ejecutar a Ellacuría, "la persona que de forma más intensa y efectiva impulsaba, desarrollaba e intentaba llevar a las dos partes en conflicto a la paz, a través del diálogo y la negociación".

Montano fue condenado por la Audiencia Nacional como responsable de 5 delitos de asesinato de carácter terrorista" (los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo). Por cada uno de ellos se le impuso la pena de 26 años, 8 meses y un día de reclusión mayor, si bien el límite máximo de condena no excederá los 30 años.

En el relato de hechos probados también se señala que el alto mando de las fuerzas armadas salvadoreñas, siguiendo un plan preconcebido, dieron la orden directa, personal y ejecutiva al Coronel Director de la Escuela Militar, de ejecutar al jesuita," sin dejar testigos vivos de ello, para lo que le facilitaron los medios necesarios que asegurasen el buen fin de la operación, al poner a su disposición, y bajo su mando, al Comando del Batallón Atlacatl desplazado a San Salvador, por orden del mismo Alto Mando, a través del Jefe de Estado Mayor, a fin de efectuar tales ejecuciones".

Conociendo que Ignacio Ellacuría no se encontraba solo en la Residencia de la Universidad, dieron la orden directa de ejecutar a cuantos estuvieran presentes en citada residencia el día de los hechos, a fin de no dejar testigos".

Para el Supremo el relato de hechos probados es sumamente descriptivo de lo que ocurrió y supone "un auténtico "relato de terror" y del horror que tuvieron que vivir las víctimas de este crimen de Estado".

"No concurre miedo insuperable"


La sentencia, ponencia del magistrado Vicente Magro, explica que Orlando Montano como miembro del Alto mando estuvo presente en todas las reuniones donde se decidieron los asesinatos y que los cuerpos de seguridad dependían directamente de él.

Así, el tribunal rechaza la eximente de estado de necesidad alegada por el recurrente al no concurrir los elementos de proporcionalidad ni de necesidad.

"En el presente caso no es que no exista tal desproporción, es que al acusado no le apremiaba ningún conflicto de intereses que hiciese necesario dar muerte a Ignacio Ellacuría, a sus compañeros, a su cocinera y a la hija de ésta; ellos no eran parte del conflicto armado, no se estaban enfrentando a quienes ordenaron el crimen, no existiendo causa de justificación que permitiría justificar la agresión mortal a la vida de ocho personas, cometiendo un crimen que fue más allá de la gravedad y consecuencias del atentado contra la vida de las víctimas, pues pretendía aniquilar las esperanzas de paz de toda una sociedad, hostigada después de diez años de guerra interna", indica.

Para la Sala resulta absolutamente rechazable alegar el estado de necesidad y miedo insuperable , "en una situación en la que la decisión de matarles se toma por el Alto Mando en el que estaba el recurrente y no solamente ello, sino en una forma de absoluta indefensión para las víctimas cuando estas decisiones se adoptan desde el poder establecido y utilizando "las armas del poder" frente a unas víctimas absolutamente indefensas a las que matan por unos teóricos ideales que tenían, y/o relacionándolos con movimientos de resistencia pública".

Por ello es descartable, según el tribunal " que el poder del Estado pueda por uno de sus miembros plantar el "estado de necesidad" o el "miedo insuperable" como "argumentos" jurídicos para tomar una decisión tan grave como la de ejecutar con el propio instrumento de seguridad del Estado a unas víctimas indefensas que nada pudieron hacer para defenderse".

La Sala también recuerda que las víctimas asesinadas. no eran parte del conflicto armado, no se estaban enfrentando a quienes ordenaron el crimen y por ello no existe causa que permita justificar la agresión mortal a la vida de estas 8 personas, cometiendo un crimen " que fue más allá de la gravedad y consecuencias del atentado contra la vida de las víctimas. No se adivina qué tipo de fuerza, pudo producirse en virtud de la cual el acusado obrase violentado por la misma".

Por todo ello, el alto tribunal avala la tipificación de los hechos como asesinato ( art 406 del CP) en concurso con delito de terrorismo ( art* 174 bis b) al encuadrar la conducta desplegada por el Alto Mando como un acto terrorista.

"En efecto, se utiliza por el Alto mando el aparato del Estado para llevar a cabo una auténtica ejecución civil de ciudadanos para crear una apariencia ante la sociedad de que actuaban contra el Estado, cuando lo que se perpetró es un auténtico asesinato con modalidad amparada en el "terrorismo de Estado" para alterar en realidad la convivencia social y llevar a cabo "crímenes de Estado" que conceptualmente no se diferencia del terrorismo realizado por grupos organizados", afirma la resolución.

Añade que la lectura de los hechos probados evidencia la concurrencia de que se trató de un acto alevoso tendente a asegurar el crimen y a evitar cualquier opción de defensa que pudieran llevar a cabo los asesinados, " desde el momento en que el acusado, como miembro del núcleo decisorio, residenciado en el Alto Mando de las Fuerzas Armadas, participó en la decisión de ordenar al Coronel Director de la Escuela Militar acudir de madrugada a la Residencia de la UCA, en donde vivían las víctimas, a fin de "proceder contra ellas".

"Es decir: ejecutar tanto a Ignacio Ellacuría como a quienes se encontrasen en el lugar, sin importar de quienes se tratase, a fin de que no hubiera testigos de los hechos, y lo hace dotando al citado Coronel de un Comando compuesto por unos cuarenta soldados, pertenecientes a un Batallón de élite de las Fuerzas Armadas, entrenados por el ejército de los Estados Unidos de América, fuertemente armados y equipados, sin que las víctimas tuviesen ninguna capacidad de defensa, pues se encontraban durmiendo, fueron llevadas a un patio y allí, tras ordenarlas ponerse tumbados boca abajo, se les descerrajaron disparos, de fusiles de asalto AK-47 y M-16, en la cabeza", detalla la sentencia.

La orden que se da desde el Alto mando al que pertenecía el recurrente tuvo por fin asegurar la ejecución de Ignacio Ellacuría y quienes estuvieran con él, así como evitar testigos presenciales de los hechos, lo que motivó el volumen de víctimas que se derivó de la decisión de acabar con la vida de Ellacuría, el resto de los sacerdotes, la cocinera de la universidad y la hija de ésta, de 15 años.

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