Bucarest - La Fiscalía rumana abrió ayer una investigación sobre el supuesto uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía durante una multitudinaria protesta contra el Gobierno socialdemócrata que dejó el pasado viernes unos 450 heridos, entre ellos una treintena de agentes. “Por el momento hemos recibido treinta denuncias, mis compañeros están interrogando a los heridos”, declaró a la prensa el fiscal Ionel Corbu.

Alrededor de 100.000 rumanos protestaron el viernes en Bucarest para exigir la dimisión del Gobierno, al que acusan de corrupto y de socavar la independencia de la Justicia en su propio interés. Según el relato oficial, un pequeño grupo de manifestantes se enfrentó a las fuerzas de seguridad, que respondieron con cañones de agua, gases lacrimógenos y pimienta, así como cargas con porras para dispersar a la multitud.

La Policía asegura que respondió de manera “proporcionada” al ataque de un grupo de violentos, vinculados a hinchadas radicales de equipos de fútbol, que les atacaron con piedras y botellas. La Fiscalía ha pedido a la Policía información sobre su actuación y ha anunciado que analizará los vídeos que grabaron los agentes y los manifestantes, así como los medios de comunicación. También se investigará una denuncia interpuesta por unos turistas israelíes, que supuestamente fueron sacados de un taxi y golpeados por los gendarmes durante la intervención policial en la Plaza de la Victoria, donde está la sede del Ejecutivo, un incidente que la embajada de su país calificó de “inaceptable” y “extremadamente serio”.

Además, al menos cinco periodistas, uno de ellos de la televisión pública austríaca ORF, fueron agredidos cuando realizaban su trabajo, pese a enseñar a la policía su acreditación.

En un comunicado, el gobernante Partido Social Demócrata (PSD) acusó de nuevo ayer al presidente del país, el liberal Klaus Iohannis, de ser el “principal responsable de la actual situación de la sociedad rumana” al incitar a la gente a la “anarquía social”. Por su parte, el jefe de Estado señaló en un mensaje público que “la actitud cívica fue castigada de manera áspera con gas lacrimógeno”.

Iohannis instó a identificar a los culpables del uso excesivo de la fuerza, sean quienes sean, y llamó a la ciudadanía a seguir vigilante y a la oposición a crear una alternativa de poder.

La organización Coruptia Ucide (La corrupción mata) convocó ayer a los ciudadanos a otra protesta denominada 30 minutos para Rumanía, en la que piden permanecer en silencio durante cinco minutos, cantar el himno nacional y encender las luces de los teléfonos móviles.

Cuarto día de manifestaciones Este sería el cuarto día consecutivo que los ciudadanos de Rumanía ocupan las calles contra el Gobierno socialdemócrata. “No queremos ser un país de ladrones” y “Manifestación sin violencia”, fueron algunas de las consignas que se han escuchado a lo largo de las jornadas de protesta en la Plaza de la Victoria de Bucarest, donde está la sede del Gobierno. Si el viernes fueron unas 110.000 personas y el sábado 50.000, el número de manifestantes que exigía la dimisión del Gobierno cayó a los 10.000, según varios medios locales.

Rumanía lleva desde febrero de 2017 sufriendo periódicas olas de protestas contra el Gobierno de coalición encabezado por el PSD. En febrero de ese año, una iniciativa legal para despenalizar varios casos de corrupción desató las mayores protestas desde la caída de la dictadura comunista en 1989. Desde entonces, la tensión ha vuelto periódicamente a la calle y también se ha manifestado en el pulso que el presidente mantiene con el Ejecutivo.

El pasado junio, miles de personas volvieron a echarse a la calle por la propuesta del Gobierno de reducir las penas y eliminar delitos relacionados con el abuso de poder, un mes después de que Dragnea fuera condenado justo por ese delito. - Efe