El Consejo de Gobierno Vasco aprobó el pasado 16 de mayo el proyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático de Euskadi, tal y como consta en una nota de prensa del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, con “el objetivo de acelerar el proceso de descarbonización a través de la corresponsabilidad. Impulsada por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, facilitará la alineación de Euskadi con todas las normativas, políticas y planes con las que ha expresado su compromiso y adhesión en el ámbitos estatal e internacional, y alcanzar así la neutralidad climática y una transición energética justa para el año 2050”.

El proyecto de ley vasca de cambio climático, insuficiente

El anteproyecto de ley, tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno Vasco, se remitirá al Parlamento Vasco para su tramitación, y establece por voluntad propia un marco jurídico estable para lograr el objetivo de las cero emisiones netas en Euskadi a más tardar en el año 2050, mediante la reducción de las emisiones y una mayor absorción de los gases de efecto invernadero de la atmósfera, con el fin de alcanzar un nivel de cero emisiones netas y aumentar la resiliencia de nuestro territorio al cambio climático.

Según los últimos datos existentes correspondientes al año 2020, el sector energético, el transporte y la industria son los que más contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero de Euskadi, generando el 84% de las emisiones totales en Euskadi.

La aportación de Euskadi en el mapa de las emisiones totales de la Unión Europea ronda el 0,5%, una contribución condicionada por el peso industrial y características socioeconómicas y geográficas de nuestro territorio; sin embargo, el principio básico que rige la política en Euskadi sobre transición energética y cambio climático es el de la responsabilidad compartida. “Euskadi no puede permanecer al margen, y desde el Gobierno vasco hemos asumido nuestra parte de responsabilidad con un compromiso profundo y exigente que se plasma en este proyecto de ley”, ha destacado la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantza Tapia al aprobarse el anteproyecto de ley.

El anteproyecto de ley de Transición Energética y Cambio Climático inicia ahora su fase final con la discusión y debate en el Parlamento Vasco, en unas fechas en que se ha hecho público el último informe de la Organización Meteorológica Mundial, organismo dependiente de la ONU, en el que pone en alerta que existe un 66% de probabilidades de que la temperatura media anual cercana a la superficie entre 2023 y 2027 supere en más de 1,5 °C los niveles preindustriales durante al menos un año.

El informe, publicado en su Actualización climática mundial anual a decenal, advierte de que “hay un 98% de probabilidades de que al menos uno de los próximos cinco años, y el lustro en su conjunto, sea el más cálido jamás registrado”. La crisis climática y fenómenos meteorológicos como El Niño pueden provocar que la temperatura supere en más de 1,5 °C los niveles preindustriales entre 2023 y 2027, que es la cifra que no se debería sobrepasar, según el Acuerdo de París aprobado en 2015, a finales del siglo XXI. Según el Panel Intergubernamental de Naciones Unidas (IPCC), con un calentamiento global de 1,5 °C, se prevé que las precipitaciones intensas y las inundaciones asociadas se intensifiquen y sean más frecuentes en la mayoría de las regiones de África y Asia, América del Norte y Europa. Asimismo, se prevé que las sequías agrícolas y ecológicas sean más frecuentes y graves en algunas regiones de todos los continentes.

Euskadi no es ajena a esta situación. Precisamente, en la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático, se dice que “se prevén un incremento generalizado de las temperaturas, un cambio en el régimen de precipitaciones, un calentamiento de la temperatura del agua y el ascenso del nivel del mar. La magnitud y transcendencia de los cambios en ciernes justifica la necesidad de aprobar la presente ley, incorporando en el ordenamiento jurídico la variable del cambio climático”.

El proyecto de ley, si bien ha incorporado algunas cuestiones positivas en relación con anteriores textos, y, entre ellas, citaría en el campo de la participación ciudadana, la creación de la Asamblea ciudadana vasca de Cambio Climático, como ocurre en otros países europeos y la creación de una Oficina Vasca de Transición energética y Cambio climático, aunque no se establecen plazos ambas actuaciones; así como un desarrollo mayor en relación de la fiscalidad, una herramienta esencial para reorientar formas de producción y hábitos de movilidad y consumo. En este sentido, se necesita un modelo de fiscalidad ambiental que penalice actividades y conductas, de acuerdo al principio de “quien contamina paga y quien contamina más, más paga”, como se establece por parte de la UE. Y, es especialmente importante en sectores como el transporte, que actualmente es el que más crece en emisiones en Euskadi desde 1990. Ahora bien, sigue teniendo aún el anteproyecto de ley carencias de cierto peso.

En primer lugar, al igual que el último borrador, se obvia el compromiso de establecer un objetivo vinculante de reducción de emisiones, que la UE ha fijado en una reducción de los gases de efecto invernadero de un 55% para el año 2030 en relación a 1990, aunque se cita en la Exposición de Motivos como un objetivo de la UE.

En segundo lugar, no fija tampoco ningún objetivo a alcanzar en cuanto a la participación de las energías renovables en el consumo energético, al igual que en relación a la reducción de emisiones comentado anteriormente.

Pero quizá, lo que, hecho más en falta, es que la ley se queda corta ante la urgencia del cambio climático, y de la necesidad de la acción climática y de un cambio de modelo que plantea el Panel Intergubernamental de científicos y expertos sobre el cambio climático (IPCC), en su último y sexto informe, y se centra mucho en recomendaciones y declaraciones, y en pocas normas efectivas.

Un aspecto fundamental de la transición energética debe residir en una disminución drástica del consumo de energía, y esta cuestión no se aborda de forma pormenorizada. La lucha contra la crisis climática y las políticas de descarbonización deben tener en cuenta cuestiones tan fundamentales como cuánta energía se necesita, cuánta necesitamos para vivir y en qué medida podemos bajar el consumo energético si queremos conseguir los objetivos de reducción de emisiones en cero emisiones en 2050. l

Experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente