- ¡Cómo se nos había ocurrido pensar mal! Todo tenía una explicación incardinada hasta el mismísimo tuétano del estado de derecho. La intromisión de los teléfonos móviles de 63 políticos soberanistas catalanes y dos vascos había sido convenientemente bendecida por el magistrado del Supremo que se encarga de estos menesteres y, en caso de ausencia, por su sustituto. Dos tipos laboriosos, puntillosos y diligentes, por lo que se ve, pues concedieron uno a uno cada permiso para husmear, siempre cumpliendo con todas las garantías y examinando al milímetro las peticiones de los sabuesos del CNI. Sí, porque esa es otra que hasta ahora no me había dado tiempo a contarles: fueron los gloriosos servicios de inteligencia (o así) españoles los que perpetraron, digo los que llevaron a cabo la labor de fisgoneo. Y, efectivamente, lo hicieron a través del ya célebre programa israelí Pegasus, que solo se vende (jajajaja) a estamentos gubernamentales.

- Los menos avisados de los lectores se estarán preguntando si ya se ha sustanciado la investigación correspondiente en las instancias oportunas. ¿Cómo, de otro modo, se ha llegado a saber lo que se desvela más arriba? Pues no. No ha sido en los organismos pertinentes en sede parlamentaria. Ya dijo la ministra Robles, y luego repitieron sus colegas de gabinete Marlaska y Bolaños, que tendría mucha guasa que los servicios secretos dieran explicaciones públicas. Así que se ha optado por la solución de carril: la filtración a un medio de confianza, en este caso, el diario El País, de todos esos detallitos de los que no se puede dar cuenta en otro foro. Una de las ventajas del método es que el receptor de la información se mostrará agradecido y la dispensará del modo más benévolo. Como les anotaba antes, así ha sido. De acuerdo con la pieza “de investigación”, el operativo de cotilleo a los pérfidos secesionistas se ajustó a la legalidad con una exquisitez digna de la democracia más avanzada de la galaxia.

- Si algo hay dudoso, deja caer el redactor citando a sus fuentes, es la credibilidad de la plataforma canadiense que destapó el pufo. Y qué quieren que les diga. Será porque me paso de sensible, pero la revelación novelada de estos detalles me parece que agrava el escándalo. Ya no es, como temíamos al principio, cosa de unos cuantos aguerridos Mortadelos actuando por su cuenta o, quizá, a las órdenes de un superintendente Vicente especialmente entusiasta. ¡Oigan, que hay un juez que ha autorizado, uno detrás de otro, 65 espionajes a diferentes agentes políticos!