La erosión silenciosa es el título de un robusto volumen —setecientas páginas de vellón— que recoge cómo a lo largo de los años el centralismo español rampante ha ido afanándole a la demarcación autonómica pequeñas dosis de autogobierno. No se trata de esas cuestiones que van a los titulares gordos y provocan visibles movidas que acaba resolviendo casi siempre a favor de Madrid el Tribunal Constitucional, juez y parte, Tampoco de las eternamente adeudadas transferencias que recoge negro sobre blanco el tan cacareado como incumplido estatuto de Gernika. Qué va. Son, como denunció la consejera Olatz Garamendi en la presentación de este censo general de mangancias, una suma continua de contumaces actuaciones fuera de los focos y el interés público que en conjunto han esquilmado el ya de por sí precario bosque de las competencias propias.
Hablamos de cuestiones en apariencia tan poco sospechosas como la concesión de tarjetas de aparcamiento para personas discapacitadas, un plan renove de automóviles o la normativa sobre claves digitales. Tal y como han documentado los servicios jurídicos de Lakua en un trabajo que profundiza hasta el vigésimo decimal, tacita a tacita, como en el célebre anuncio de café soluble de Carmen Maura que recordamos los viejenials, nos han ido arañando pedacitos de autogobierno. Quizá sea excesivo decir que España nos roba, pero está claro que nos sisa de un modo continuo e independientemente del color del gobierno. Es muy procedente la acusación que contiene este trabajo, pero no se puede quedar simplemente en el enésimo pataleo. Va siendo hora de parar los pies al rapiñador.
