En la primera parte de la pandemia fueron las pomposas conferencias de presidentes autonómicos. En la segunda están siendo las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud. Las maravillosas intenciones nominales de tomar decisiones consensuadas se quedan, cada vez con mayor frustración y hartazgo para las autoridades locales, en un dedazo desde Moncloa. Si repasamos el histórico, comprobaremos que el Gobierno español ha venido haciendo de su capa un sayo y, para más inri, vendiendo la moto de la cogobernanza. Lo ocurrido en el último encuentro, donde el rodillo se aplicó incluso cuando Euskadi no participó ni en el debate ni en la votación, fue especialmente escandaloso.

Ante medidas que, además de no tener sentido sanitario en nuestro entorno, invaden competencias de hoz y coz, la única respuesta que cabía era la desobediencia. Por eso celebro el puñetazo encima de la mesa del lehendakari. Después de meses de ejercicios de contención sin límites para no embarrar el campo, Iñigo Urkullu ha anunciado que lo aprobado el miércoles en el presunto órgano colegiado no se aplicará en los tres territorios de la Comunidad Autónoma. Durante las próximas tres semanas seguirán vigentes las disposiciones que aprobó el LABI el lunes. La hoja de ruta, por lo tanto, será el Plan Biziberri. El riesgo, mucho me temo, es que los sectores descontentos acudirán raudos y veloces al Superior de Justicia con los resultados que ya imaginamos porque hay precedentes. Con todo, merece la pena asumirlo al tiempo que se manda un mensaje a Pedro Sánchez. Esta vez el maltrato del socio leal sí tiene un precio.