Joaquim Bosch: "La concentración absoluta de poder favorece las prácticas corruptas"

Un libro para que nos sumerjamos en un mundo de intensa corrupción, ¿no?

La corrupción se manifiesta en formatos diferentes, aunque siempre tiene un denominador común: ser un abuso del poder público para la obtención de beneficios privados. A partir de ahí, hay formulaciones de tipo penal. También hay muchos favoritismos que pueden no ser delito, pero no por ello dejan de ser corrupción.

Cuando ponemos los casos de corrupción en perspectiva da la sensación de que España es el país más corrupto del mundo.

No, hay países mucho más corruptos que el Estado español. La singularidad de España en este caso es que hay niveles de corrupción política muy altos, en porcentajes similares a los de Honduras o Guatemala. En Hispanoamérica la corrupción es sistémica, pero también afecta a funcionarios, jueces, policías, militares… El caso español es singular porque la corrupción afecta a los políticos. Y en el caso de la corrupción política no hay equivalente en los países europeos; ni siquiera en territorios como Nápoles o Sicilia encontramos un equivalente, porque allí la corrupción está más repartida.

¿Y hay algún motivo para que se den estas circunstancias en España?

Aquí hay muchas condenas e investigaciones a políticos, y esto tiene mucho que ver con los efectos del franquismo, por cómo se configuró el sistema de partidos en la Transición y por las inercias posteriores.

El Estado en su conjunto pierde mucho dinero en operaciones corruptas. ¿Se pueden cuantificar estas pérdidas?

Los economistas expertos en la materia nos dicen que si a la muerte de Franco hubiéramos acabado con las prácticas corruptas ahora tendríamos unos equivalentes económicos superiores a la media europea y cercanos a los de Finlandia. Los países más avanzados del mundo en materia de baja corrupción siempre son los mismos: Dinamarca, Suiza, Alemania y Nueva Zelanda. Y son los que presentan mayor calidad económica. La corrupción le cuesta a España decenas de millones de euros, ralentiza la economía, acaba con la libre concurrencia de las empresas y es una rémora para el crecimiento económico. En consecuencia, cualquier transformación en este ámbito siempre supone efectos económicos muy positivos.

A pesar del abrumador número de casos de corrupción que salta a los medios, parece que solo vemos la punta del iceberg.

Sería una ingenuidad pensar que la única corrupción que existe es la que llega a los juzgados o se contempla en los medios. En los robos, hurtos y otros delitos contra la propiedad nunca llegaremos al 90% de los que se cometen, y lo mismo sucede con infracciones penales mucho más sofisticadas, en las que participan expertos en ingeniería financiera que crean empresas pantalla con testaferros y que envían el dinero a paraísos fiscales. Por todo esto, no podemos quedarnos solo con la respuesta penal que llega cuando el daño está hecho y resulta muy difícil recuperar el dinero. Sería muy importante dedicar recursos a la prevención de estas prácticas. El gran problema es la enorme cantidad de infracciones que seguro que existen, pero que nunca llegarán a los juzgados.

Da la sensación, seguramente equivocada, de que cuando alguien se plantea ser político lo que realmente quiere es llenarse los bolsillos más que gestionar una administración de servicio público. ¿Somos injustos al pensarlo? ¿Puede ser un pensamiento cínico?

Cínico no lo sé, pero sí que seríamos injustos. Yo no lo pienso, y estoy convencido de que la mayoría de nuestros políticos son personas honradas que lo que buscan es mejorar la vida de sus vecinos en los ayuntamientos, en instituciones autonómicas y a niveles más generales.

Aunque el ruido que hay sobre este tema coloca a los políticos en el punto de mira y en el ojo del huracán.

Basta con que haya una minoría relativamente amplia y situada en espacios estables de poder para que se acabe contaminando todo el sistema. Recordemos que tenemos en muchos territorios autonómicos políticos en prisión provisional o presidentes de gobierno de comunidades autónomas encausados, lo mismo que consejeros autonómicos, presidentes de diputaciones, alcaldes y concejales de grandes ciudades españolas. No son todos, ni siquiera la mayoría, pero el daño que generan en el plano económico a la sociedad y el que hacen a las instituciones es enorme.

¿Y cree que no deberíamos generalizar?

Estoy convencido de ello. Cuando sale un caso hay mucho ruido, pero no se debería generalizar, no, aunque tampoco deberíamos minimizar la entidad numérica del fenómeno de la corrupción.

Dentro de estos episodios, aunque con el epígrafe de presunción, tenemos al rey emérito.

Hay una serie de investigaciones que se han realizado desde la fiscalía y han puesto sobre la mesa un problema en la jefatura del Estado, que es el de la inviolabilidad.

¿Y está usted de acuerdo con la inviolabilidad jurídica?

La inviolabilidad es una prebenda y una carta blanca peligrosa en una sociedad democrática. Puede significar poder cometer delitos sin ningún tipo de consecuencia. Es un comodín que acaba generando en la ciudadanía una percepción de impunidad. Digamos que es una ruptura muy intensa del principio sagrado de la igualdad ante la ley. Cualquier excepción sobre esa igualdad debe tener una fuerte justificación y una funcionalidad suficiente. Un blindaje que llegue al extremo de proteger conductas privadas que lleven a la comisión de actos penales resulta abiertamente desproporcionado. En gran parte es lo que ha pasado con la jefatura del Estado, que debería funcionar con transparencia y con rendición de cuentas.

Algo que se saltó, según parece, el anterior jefe de Estado.

Mi impresión es que todas las acciones e imputaciones al rey emérito tienen mucho que ver con la figura de la inviolabilidad. Son necesarias reformas y una mayor transparencia en la jefatura del Estado.

¿Hay comunidades menos corruptas que otras en el Estado Español?

Claro que las hay, y es un tema que está debidamente analizado. El Instituto de Calidad Política de Gotemburgo (Suecia) emite cada año un informe sobre control de corrupción y calidad institucional de los conjuntos subnacionales europeos. Este año, al igual que los anteriores, Euskadi es el territorio que queda mejor situado. Hay situaciones que explican las diferencias. Por un lado, en el País Vasco no ha habido muchas legislaturas con mayorías absolutas, como sí ha ocurrido en otros territorios muy afectados por la corrupción. Es sabido que una concentración absoluta de poder favorece las prácticas corruptas.

¿Son malas las mayorías absolutas?

No he dicho eso, pero está demostrado que favorecen las prácticas corruptas. En Euskadi ha habido más fragmentación, más pactos, y eso ha dificultado esas prácticas. Por otro lado, el partido que ha estado gobernando más años es el PNV, y sigue unas reglas que también generan equilibrios. Esas reglas son separar cargos de partido y cargos en las instituciones que gobiernan. Los cargos no son acumulables y evitan concentraciones abusivas de poder. Por otra parte, las instituciones vascas han sido pioneras en el Estado a la hora de incorporar instrumentos de transparencia en las instituciones públicas. Por tanto, en Euskadi ha habido una mejor gestión, pero tampoco es un oasis absoluto. Se han dado casos de cierta relevancia, como fueron el caso De Miguel, el caso Margüello, y también ha habido casos en algún ayuntamiento, pero todo en menor medida que en otras autonomías, y además ni han afectado al gobierno autonómico ni tampoco se han dado casos de financiación ilegal.

Siempre está en duda cómo se elige a los poderes judiciales. ¿Quién debe elegirlos, los partidos o los ciudadanos?

Lo que está pasando ahora con el Consejo General del Poder Judicial es la última batalla por el control de la cúpula de la judicatura. No es normal que el Consejo lleve tres años caducado y esté en funciones. Es como si el Gobierno acaba una legislatura, decide no convocar elecciones y se mantiene en el poder un año más, dos, tres, o el tiempo que sea. Eso no es admisible, y no pueden sorprendernos los distintos reproches que llegan por ello desde Europa.

¿Se elige de la misma forma al poder judicial en Europa?

No, es un sistema mixto. Una parte de la cúpula judicial la eligen los jueces de forma interna y la otra mitad los parlamentos. España es una excepción en esta configuración, y en eso va en contra de las instituciones europeas. Si fuera funciona, tendría que funcionar aquí. El caso es que España el sistema no funciona y estamos continuamente desprestigiados por las enormes injerencias de los partidos y porque se reparten la cúpula judicial como si fuera una tarta.

Muchas veces se condena que los jueces tengan ideología, pero se supone que no tenerla es imposible.

Todos los jueces tenemos ideología, sin excepción; lo que importa es que apliques el ordenamiento jurídico. Si se pone por delante una ideología a lo que impone una ley, un juez podría incurrir en responsabilidades, entre ellas las penales. Lo fundamental es que se actúe con imparcialidad. Es inevitable que cualquier persona piense y tenga sus ideas, pero esas ideas no deben estar nunca vinculadas a la parte del proceso judicial.

¿Se podría hablar en España de secuestro político de la Justicia?

Es una forma de interpretar lo que ocurre con injerencias políticas tan importantes como las que hay. Recordemos el whatsapp que envió un importante dirigente del Partido Popular, Ignacio Cosidó, en el que decía literalmente que era fundamental controlar la cúpula judicial por el interés que tenía para su formación tener un dominio sobre determinadas salas de justicia.

Pero eso no ayuda a que la ciudadanía tenga fe en la Justicia...

Efectivamente, actos como ese causan un daño increíble a la imparcialidad y la credibilidad de las instituciones judiciales. A mí me parece bastante claro que la sociedad lo que quiere es que los partidos políticos estén al margen de la Justicia y que ésta se ejerza con criterios independientes. Sobre todo porque los partidos pueden tener muchos intereses en las decisiones que adopta la Justicia.

A usted le han llamado a dirigir sus pasos hacia la política en varias ocasiones, como consejero de Justicia en la Comunidad Valenciana o para formar parte de una lista electoral. ¿No ha sentido la tentación de decir que sí?

No. Me siento más cómodo intentando tutelar los derechos fundamentales de la ciudadanía en mi juzgado. Además, me gusta analizar los problemas que hay en la sociedad y poder expresarlos de forma independiente. Si me hubiera implicado en la vida política no hubiera podido escribir un libro como este.

¿Por qué?

Porque habría tenido una credibilidad muy inferior.

PERSONAL

• Edad: 57 años.
• Lugar de nacimiento: Valencia.
• Formación: Estudió Derecho en la Universidad de Valencia. Es especialista en Derecho Catalán y Valenciano. Aprobó las oposiciones para juez en 2002.
• Trayectoria: Inició su carrera en la judicatura en Barcelona. Ha pasado por los juzgados de Denia, Vinaroz y Masamagrell (los tres en la comunidad valenciana). Colabora de forma habitual con publicaciones jurídicas y también da su opinión en diversos medios de comunicación. Es un juez muy mediático y ha colaborado en diversos programas de televisión, como Al rojo vivo, El intermedio, Espejo público o Más vale tarde. En 2012 fue elegido Secretario y Portavoz de Jueces para la Democracia. Fue reelegido en 2014 y salió de esta asociación en 2016. Siempre se ha mostrado muy crítico con la injerencia de los partidos políticos en temas relacionados con las funciones judiciales.
• Libros: En enero de este año publicó el libro La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España.