una propuesta de la presidencia semestral finlandesa parece abrirse camino en el mar de los sargazos en que se ha convertido la navegación de la construcción europea: vincular la recepción de fondos europeos al respecto al Estado de Derecho. Se trataría simplemente de no permitir que algún gobierno que se salte las reglas democráticas pueda beneficiarse de las ayudas que todos los ciudadanos europeos sufragamos. Estas nuevas reglas, ya aprobadas en la Eurocámara, deberían entrar en vigor en el presupuesto de la UE 2021-2027, que se continuará negociando en los próximos meses. Como es lógico, algunos miembros del Este han puesto el grito en el cielo, especialmente, aquellos como Hungría y Polonia que están inmersos en un proceso de expediente por parte de la Comisión y el Parlamento Europeo por haberse saltado populistamente a la torera las normas y los valores comunes que recoge el Tratado de la Unión.

Cabe recordar que dicho Tratado establece expresamente la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos como su objetivo principal que la Unión Europea es una asociación de países que cooperan en ámbitos de interés mutuo, pero también una comunidad de valores consagrados en su artículo 2. “El respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. El respeto de los derechos humanos es una de las obligaciones fundamentales de la UE. Estos derechos deben ser respetados por la UE cuando aplica las políticas y los programas, así como por sus instituciones y por cada uno de sus Estados miembros”, reza el texto al que todos nos hemos adherido. Por tanto, cuando un gobierno pone en marcha políticas que claramente amenazan cualquiera de estos derechos parece lícito que el resto les demandemos el cumplimiento de nuestros valores comunes y de no ser así, cautelarmente les cortemos las ayudas o subvenciones, los llamados fondos europeos, que les permiten un desarrollo cohesionado dentro la Unión.

Será la Comisión Europea, en caso de aprobarse definitivamente la medida, quien vele por el respeto al Estado de Derecho. Eso sí, siempre asistida por expertos independientes en derecho constitucional y asuntos financieros. A ellos correspondería evaluar si un Estado miembro no respeta tales principios, si persigue el fraude fiscal y la corrupción o si implementa el presupuesto comunitario correctamente. En caso de deficiencias en la gestión, el Ejecutivo comunitario podría, por ejemplo, reducir la prefinanciación y suspender los pagos a dicho país. La aportación de los fondos comunitarios varía mucho en función de cada Estado y de la tipología de la ayuda, pero en todo caso, para la mayoría representan un parte sustancial de la financiación pública de proyectos. Las infraestructuras, la seguridad, la sostenibilidad, la agricultura o la investigación y la innovación son capítulos presupuestarios que cuentan con fondos de la UE en cada país, pero que sobre todo, constituyen una forma de trabajo en red de proyectos europeos de enorme importancia para los actores nacionales.

Ni el debate, ni la medida propuesta son fruto de un antojo o una casualidad. En los últimos años, algunos países del Este, precisamente los últimos incorporados al club europeo y que disfrutan de cuantiosas ayudas, han protagonizado ataques al Estado de Derecho por parte de sus gobiernos. Los casos más destacados son los de Hungría y Polonia, a los que a ambos gobiernos se les ha activado el artículo 7 del Tratado de la UE, que en última instancia puede llegar a suponer la pérdida del derecho a voto en las reuniones del Consejo Europeo. Tanto a Budapest como a Varsovia se les acusa de haber violado la separación de poderes mediante legislaciones que afectan al nombramiento del poder judicial. En una palabra, nombrar desde el gobierno los jueces de manera claramente partidaria. El caso del gobierno magyar es especialmente grave, pues, su primer ministro, Viktor Orbán, se ha enfrentado reiteradas veces a decisiones de la Comisión y el Consejo que afectan a Derechos Humanos, como en el de asilo y refugio a los inmigrantes. Si Finlandia se sale con la suya, el aviso a navegantes será claro: sin respeto a la democracia y las libertades, no hay dinero de los europeos.