Bucarest - Seis días después de la muerte de una adolescente de 15 años, secuestrada y violada por un sospechoso de 64 años en Rumanía y la tardanza de la Policía en reaccionar a las llamadas de auxilio de la víctima ha provocado indignación ciudadana y ha generado una verdadera crisis política al más alto nivel. Las consecuencias de este escándalo han llegado al Gobierno socialdemócrata, acusado por el presidente del país, el conservador Klaus Iohannis, de propiciar “demoras criminales” en este caso, con un modelo de gestión que favorece la corrupción y la “politización” de la administración pública.
El jefe de Estado, muy crítico con el gabinete de la primera ministra Viorica Dancila, llegó a decir que el Ejecutivo es el “autor moral” del crimen. “Hemos llegado hasta aquí porque los gobiernos de los últimos años han llenado el país de incompetentes, han echado a demasiados profesionales y han puesto en su lugar a siervos, a personas incapaces”, denunció Iohannis, tras una reunión de crisis del Consejo Supremo de Defensa Nacional, en la que el Ejecutivo, la Presidencia y otras instituciones abordaron lo ocurrido. Entre las “deficiencias” a la hora de tratar el caso están “los retrasos injustificados al abrir las investigaciones” y “la actitud refractaria de los empleados de la Policía hacia la víctima”, dijo el presidente, además de la falta de cooperación institucional y el déficit de estructuras operativas. Según medios locales, uno de los materiales analizados es la grabación de las llamadas de auxilio de la víctima a la Policía.
La prensa rumana publicó fragmentos de esas conversaciones en los que los agentes muestran una actitud displicente con la menor. Iohannis propone, ante ello, una serie de medidas para solventar los problemas revelados por la reacción policial a las llamadas.
Por su parte, Dancila afirmó ayer ante la prensa que “es más evidente que nunca que existen muchas disfuncionalidades en la gestión” de situaciones de urgencia. Por eso, se comprometió a impulsar legislación al respecto y evaluaciones de las estructuras policiales de todas las provincias.
“Creo que en estos momentos no es oportuno que nos culpemos unos a otros”, añadió Dancila. Advirtió de que la confrontación puede “dividir a la sociedad” y pidió una actitud “pragmática” y “concreta” a la hora de actuar.
La jefa de Gobierno trató de trasladar el debate hacia la esfera judicial, al proponer un referéndum sobre la introducción de “cadena perpetua o la castración química” para “asesinos, violadores y pedófilos”. La crisis precipitó ayer la dimisión del ministro rumano del Interior, Nicolae Moga, en el cargo desde la semana pasada tras reemplazar a Carmen Dan, en entredicho por la violenta represión de unas manifestaciones antigubernamentales el año pasado. - Efe
