El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, afirmó ayer que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado en Radiotelevisión Valenciana (RTVV), era "absolutamente necesario", ya que, según reiteró, "la alternativa era la desaparición" del ente audiovisual. El vicepresidente del Gobierno valenciano aseguró que entienden "que es una medida muy dura, muy dolorosa, pero son decisiones adoptadas con responsabilidad, porque la alternativa a este ERE era la desaparición de la actual empresa de RTVV. Quiere decir que se habrían destruido casi 1.700 puestos de trabajo de no hacer el ERE", añadió. Al ser insistido sobre los cerca de 1.200 puestos de trabajo que se perderán, el vicepresidente indicó que "se van conservar casi 500 puestos, es el mal menor". "Repito que es una medida muy dura, muy dolorosa, pero la alternativa era tener una empresa pública en causa de disolución y de liquidación, y una disolución y liquidación de una empresa implica la pérdida del 100 por cien de los puestos de trabajo", agregó al respecto.

Valencia. El consejo de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) aprobó ayer, con los votos a favor del PP y el rechazo de la oposición, un ERE para 1.198 empleados en una reunión marcada por las protestas de los trabajadores y un fuerte despliegue policial, que no evitó el lanzamiento de huevos a los consejeros.

Tanto el director general de RTVV, José López Jaraba como los seis representantes del PP abandonaron la sede del consejo de administración en tres vehículos sobre los que trabajadores arrojaron docenas de huevos. El tramo de calle situado frente a la sede del ente público, en la Gran Vía Marqués del Túria, permaneció vallado y custodiado por agentes y cinco furgones de policía durante más de cinco horas, desde antes de las 21 horas del martes, cuando se empezaron a concentrar los cerca de 200 empleados que protagonizaron las protestas.

Según informó el ente público en un comunicado, este ERE pretende dejar la plantilla en un mínimo de 480 trabajadores, y forma parte de un plan integral de reestructuración del grupo RTVV que supondrá un ahorro de entre 40 y 42 millones de euros anuales para las arcas públicas.

Las salidas de trabajadores comenzarán el próximo 15 de septiembre y podrán extenderse hasta el 31 de agosto de 2013, en función de los plazos de las externalizaciones previstas en la nueva Ley del Estatuto de RTVV, aprobada por Les Corts Valencianes el pasado 12 de julio.

La Dirección General del ente aceptó durante el pleno, y a propuesta de los consejeros designados por el Partido Popular, mantener parte de su última oferta al comité de empresa, presentada el viernes 17 de agosto, y que fue rechazada por la mayoría del mismo.

ayuda Así, se aprobó que, dentro del plan de acompañamiento social de este ERE, se incluya una ayuda lineal de 400 euros durante 6 meses, para todos los trabajadores de entre 45 y 62 años que sean despedidos. Igualmente, se creará una bolsa de trabajo que tendrá preferencia en futuras contrataciones de la nueva Radiotelevisión Valenciana.

Los representantes de la oposición anunciaron que impugnarán la reunión de ayer por considerar que el consejo no puede aprobar (como hizo el pasado julio) ninguna medida que incluya la externalización de la producción. La vicepresidenta del consejo, la socialista Consuelo Català, así como los consejeros designados por Compromís y EU, Rafael Xambó y Guillermo Sampedro, anunciaron igualmente que tratarán de frenar el ERE en los tribunales.

rechazo El informe defendido por la representación de los trabajadores, cuestiona el expediente en cuatro apartados: procedimiento, causas aducidas por la empresa, criterios de designación de los afectados y plan social de acompañamiento. Respecto a este último punto, el comité aseguró que la dirección rechazó una propuesta que reducía los costes salariales en 41 millones de euros y permitía mantener una plantilla de 1.135 trabajadores.

La empresa "se negó a considerar este planteamiento" a pesar de que tenía un coste equivalente al modelo de externalización que se va a desarrollar, sostuvo el comité.

También propuso una reducción de salario y jornada del 30%, lo que posibilitaba mantener un puesto de trabajo por cada tres compañeros, una opción que la empresa "ni siquiera tuvo en consideración". Además, planteó un plan de prejubilaciones para trabajadores mayores de 55 años y de bajas incentivadas voluntarias.