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En plena crisis económica un nuevo gasto recae sobre las instituciones más pequeñas. El pasado martes 20 de septiembre el Congreso rechazó una proposición no de ley del PNV para que fuera el Estado quien asumiera los costes de la extensión y asignación de la TDT, evitando así que estos gastos recayeran sobre los ayuntamientos y las comunidades autónomas. La propuesta es razonable, sobre todo si tenemos en cuenta que será el Estado español quien recibirá en torno a 1.600 millones de euros gracias al dividendo digital, que es el proceso por el cual las frecuencias dejarán de ser usadas para emitir la televisión terrestre y pasarán a manos de operadores de telefonía móvil.
El satélite intenta abrirse paso en esta situación ofreciendo sus propuestas para reducir los costes, el mantenimiento y terminar con las constantes reordenaciones de las frecuencias. Sobre todo, teniendo en cuenta que el dividendo digital liberará frecuencias para que los operadores móviles tengan ancho de banda.
La lucha ha llegado, incluso, a los tribunales. "Hemos llevado a cabo acciones legales en contra de la implantación terrestre porque la consideramos anticompetitiva y sobre todo porque viola el principio de neutralidad tecnológica", afirma José Luis Gárate, director de desarrollo de negocio de SES Astra Ibérica. Esa ausencia de neutralidad echó por tierra planes más económicos y ajustados a la realidad geográfica, pero desde las instituciones públicas se apostó claramente por el sistema terrestre.
Ahora empiezan a notarse las consecuencias: nuevas reordenaciones de frecuencias que obligarán a un nuevo gasto. Todo el mundo quiere recibir la señal de la televisión digital con buena calidad, ¿pero quién tiene que asumir esos nuevos costes? ¿El Estado, las autonomías, los ayuntamientos o hay que dividir los costes entre todas las instituciones? El debate se abre a nuevas formas de ver la televisión digital.
