Bruselas. La Comisión Europea decidió ayer llevar ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) la tasa que España ha impuesto a los operadores de telecomunicaciones para financiar Televisión Española (TVE) y compensar así la supresión de publicidad. Bruselas considera que esta tasa "es incompatible con las normas de la UE, que disponen a que las tasas específicas cobradas a los operadores de telecomunicaciones estén relacionadas directamente con la cobertura de los costes de regular el sector de las telecomunicaciones", según dijo la Comisión. Esta estima que la tasa iba a generar unos ingresos de 230 millones de euros en 2010. El Ejecutivo comunitario denunció también ante el TUE el modelo de financiación de la televisión pública francesa, en el que se basó el español. En octubre de 2010, la Comisión emplazó a las autoridades francesas y españolas a suprimir esos "impuestos sobre las telecomunicaciones", pero ambas desoyeron la petición, por lo que Bruselas ha decidido llevar el caso ante la Justicia. El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, se reunió el pasado 1 de febrero con la comisaria de Telecomunicaciones, Neelie Kroes, para defender la legalidad de la tasa y le ofreció introducir "precisiones técnicas" para evitar una denuncia ante el TUE. Jáuregui alegó que el nuevo sistema de financiación de TVE "no violenta Tratados ni directivas" y que el Gobierno quiere "sostenerlo". Según las normas europeas sobre telecomunicaciones, las tasas específicas cobradas a los operadores sólo pueden sufragar determinados costes adminisrativos y de reglamentación (autorizaciones y tareas de regulación) y deben ser objetivas, transparentes y proporcionadas. También se debe consultar oportunamente a las partes interesadas. Sin embargo, Bruselas considera que la tasa a las telecos para financiar TVE responde a su falta de ingresos publicitarios. El nuevo modelo suprime la publicidad en TVE y obliga a los operadores de telefonía a contribuir a la financiación de la televisión pública con el 0,9% de sus ingresos, a las cadenas privadas a aportar el 3%, y a las de pago el 1,5%.