Bruselas. La Comisión Europea (CE) abrió ayer dos investigaciones en profundidad para averiguar si dos esquemas españoles para financiar la digitalización y la extensión de la red de televisión terrestre en España están en línea con las normas comunitarias sobre ayudas de estado.
Bruselas anunció en un comunicado que una de las investigaciones concierne al plan español para financiar la transición a la televisión digital terrestre (TDT), ya que la CE considera que esa medida puede "favorecer ciertas tecnologías en detrimento de otras", en contra del principio de neutralidad tecnológica.
La segunda afecta a la aplicación del plan de transición en Castilla La Mancha, donde además de una "posible discriminación tecnológica" hay alegaciones de discriminación contra operadores de plataformas terrestres regionales y locales, según la Comisión.
El Ejecutivo comunitario destacó que la apertura de investigaciones en profundidad ofrece a las terceras partes interesadas enviar comentarios sobre las medidas propuestas, y aseguró por otra parte que este hecho no prejuzga el resultado del procedimiento.
El vicepresidente de la CE y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, indicó en la nota que la Comisión apoya los esfuerzos de los estados miembros para "garantizar una transición sin complicaciones" de la tecnología analógica a la digital. "No obstante, tenemos que asegurarnos de que cualquier iniciativa nacional se lleve a cabo en cumplimiento de las ayudas de estado de la UE, y de que no cree discriminación entre las plataformas", apuntó.
La Comisión afirmó que las medidas de ayuda fueron implementadas, sin notificación previa, hasta el pasado 3 de abril, cuando se completó la transición a la tecnología digital. Señaló que estos procedimientos comunitarios se derivan de denuncias presentadas por un operador de una plataforma satélite y de otro operador de una plataforma terrestre.
La Comisión Europea pedirá hoy a España, salvo aplazamiento de última hora por objeciones de algún comisario, que modifique por considerarla ilegal la tasa que ha impuesto a los operadores de telecomunicaciones para financiar Radio Televisión Española (RTVE) y compensar así la supresión de la publicidad, informaron fuentes comunitarias.
modificar la legislación La solicitud se realizará a través de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. En caso de que España no modifique su legislación en el plazo de dos meses, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. El ultimátum de Bruselas afectará también a Francia, en cuyo modelo de financiación de la televisión pública se inspiró el Gobierno de Zapatero.
La comisaria de Telecomunicaciones, Neelie Kroes, lanzó el expediente contra España el pasado mes de marzo por considerar que la tasa puede "ser incompatible con las normas de la UE" ya que "parece afectar indebidamente a los operadores de telecomunicaciones, pudiendo limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados y penalizando en definitiva a sus clientes".
Desde entonces, el Ejecutivo comunitario ha recibido las alegaciones del Gobierno defendiendo la legalidad del nuevo modelo de financiación de RTVE. Pero los argumentos de Fernández de la Vega, no han convencido a Kroes.
