- La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, afirmó ayer que la prostitución "no es un trabajo sino una explotación", pero ha advertido que se trata de una cuestión que merece una "profunda reflexión", ya que su abolición tiene "muchas aristas". En una entrevista concedida a Onda Vasca, Artolazabal se refirió también al hecho de que Gobierno vasco, las diputaciones y la asociación de municipios vascos-Eudel presentaran días atrás la Guía para impulsar procesos locales de prevención de violencia machista contra las mujeres durante las fiestas.
Tras apuntar que, en el ámbito festivo, se producen, a veces, "situaciones desagradables" en las que las víctimas son las mujeres, la consejera defendió que era por ello oportuno "reforzar las políticas de sensibilización, prevención y atención a la víctima" a través de esta guía. Asimismo, anunció que la próxima semana se presentará una nueva guía enfocada, en este caso, "a eventos mayoritarios donde hay una concentración importante de personas como grandes festivales y conciertos", que se ha trabajado junto al Departamento de Cultura. Asimismo, valoró que desde la Euskal Encounter se ha trasladado su interés de ser incluidos en la lucha contra las agresiones sexuales.
"Si queremos que la sociedad vasca sea una sociedad igualitaria no podemos hacerlo solo las instituciones. Tenemos que ser capaces de erradicar toda la violencia de nuestras calles, también la sexista. Nos queda camino por recorrer", incidió, al tiempo que lamentó que se sigan produciendo agresiones "solo por el hecho de ser mujer".
Respecto a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del solo sí es sí, aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados, la consejera consideró que supone un "paso importante para conseguir la igualdad". "Me da igual que le llamen delito, abuso, agresión... es una vulneración de derechos humanos y de eso va esta ley. En la generalidad de la ley estamos totalmente de acuerdo. Es una herramienta para intentar garantizar la igualdad real de las mujeres. La ley es un paso más", argumentó.
Cuestionada por su posición respecto a una posible abolición de la prostitución, Artolazabal sostuvo que se trata de una "cuestión delicada que merece una profunda reflexión para poder dar una respuesta adecuada". Tras indicar que generalmente las mujeres que se prostituyen son personas "muy vulnerables", apostó por analizar la cuestión, "escuchar a estas mujeres, así como a las asociaciones que les prestan ayuda en su situación de vulnerabilidad". "Más allá de la abolición o la regulación hay que darles herramientas para empoderarlas y que, con libertad, puedan salir de este mundo. La prostitución no es un trabajo, es una explotación", denunció. De este modo, manifestó que se está ante un debate que "no es sencillo" y hay que "hacer con sosiego" y advirtió de que regularlo podría suponer darle carta de naturaleza. "Abolirlo es positivo porque me gustaría que ninguna mujer se prostituyera, pero hay que reflexionarlo porque tiene muchas aristas", añadió.
En lo que respecta a los refugiados ucranianos en Euskadi, Artolazabal afirmó que, aproximadamente, a día de hoy hay 2.800 personas, una cifra que se está "estabilizando", ya que muchas de ellas están volviendo a su país. En este sentido, destacó que la llegada de refugiados al País Vasco ha sido controlada y se ha podido "canalizar de una forma adecuada para poder ofrecer recursos". "El Gobierno de Ucrania ha solicitado a los funcionarios que salieron que retornen al país. Siendo una situación en la mayoría transitoria en Euskadi les estamos dando una atención adecuada", afirmó, para añadir que en Euskadi la diáspora ucraniana es "importante, con 2.500 personas ya asentadas".
En esta línea, trasladó la voluntad del Gobierno vasco para que aquellos que quieran seguir en Euskadi puedan hacerlo, lo que ha reconocido está generando "una discrepancia" con el Ministerio Artolazabal, que valoró que estos refugiados de Ucrania cuentan ya con tarjetas sanitarias, ayudas económicas, menores escolarizados y vínculos con ucranianos que ya vivían en el País Vasco.
Acuerdo
El Ministerio de Igualdad y las comunidades han concretado el nuevo modelo de acreditación de víctimas de trata para que éstas, sin necesidad de presentar una denuncia y sin sentencia firme, puedan acceder a derechos sociales, económicos y ayudas para su reparación física y psicológica. También se ha dado luz verde al reparto de los 46,2 millones de euros aprobados por el Consejo de Ministros para la creación de centros de crisis 24 horas, con el fin de atender a víctimas de violencia sexual. El acuerdo, por unanimidad, para el nuevo modelo de acreditación para las víctimas de trata y explotación sexual, da cumplimiento a dos de los artículos del Convenio de Varsovia, que España ratificó en 2009, pero que hasta ahora no se habían desarrollado.
